El Ministerio del Interior demandó a la Municipalidad de General Ángel Vicente Peñaloza por el incumplimiento de un convenio, por un monto de $5.571.900. El juzgado de Buenos Aires otorgó un plazo de 66 días para responder, en una nueva escalada del conflicto entre la provincia y el gobierno nacional.
En un nuevo frente judicial se abre en la guerra política y financiera entre el Gobierno de La Rioja y la administración nacional. El Ministerio del Interior de la Nación demandó a la Municipalidad de General Ángel Vicente Peñaloza por el «incumplimiento de convenio», por un monto de $5.571.900. La demanda, que se tramita en un Juzgado Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires, otorga un plazo de 66 días a la Municipalidad para responder.
El litigio, si bien por un monto relativamente menor, tiene un gran peso político. Es una clara señal de que el gobierno nacional, a través de sus agencias, no solo cortó el flujo de fondos discrecionales, sino que ahora utiliza su poder judicial para presionar a las administraciones locales. La Municipalidad de General Ángel Vicente Peñaloza se ve obligada a defenderse en un fuero federal, lejos de su jurisdicción, en un claro acto de centralización de poder. La demanda se suma a otras acciones legales que se tomaron contra la empresa estatal Rioja Vial S.A.U., lo que muestra un patrón de ataque del gobierno nacional a las arcas provinciales.
La demanda contra la Municipalidad de General Ángel Vicente Peñaloza es un golpe demoledor para el justicialismo riojano, que se ve obligado a defender a sus municipios en un contexto de crisis financiera y de una interna feroz. La pelea ya no se limita a las declaraciones de los políticos, sino que se libra en el terreno de la Justicia, donde el gobierno nacional busca poner en evidencia la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos.
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