Universidad en alerta en La Rioja: docentes y no docentes van al paro por financiamiento y salarios

La Asociación Riojana de Docentes Universitarios (Ardu) confirmó la adhesión al paro de 48 horas con alta participación en la provincia. El reclamo principal es una urgente convocatoria a paritarias y un aumento de presupuesto que garantice el funcionamiento de las casas de estudio.

El sistema universitario en Argentina atraviesa un momento de incertidumbre, con un paro de docentes y no docentes que se extendió a lo largo de la semana. El secretario general de la Ardu, Juan Chade, describió el panorama y afirmó que la adhesión a la medida de fuerza en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) supera el 95% entre el personal afectado.

El paro de 48 horas, que se repite esta semana y continuará la próxima, busca reducir el impacto en los estudiantes sin ceder en el reclamo central: la convocatoria a paritarias. «La disconformidad no se limita a los sueldos», explicó Chade, quien sumó el rechazo a las decisiones de la Subsecretaría de Política Universitaria (SPU) y la falta de diálogo con la comunidad educativa. Los docentes exigen un aumento salarial y un incremento del presupuesto que asegure las necesidades mínimas para una educación pública y de calidad.

Riesgo de veto y movilizaciones en el horizonte

La protesta también se enmarca en la discusión por la Ley de Financiamiento Universitario. La posibilidad de que el presidente vete la ley, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, impulsó la convocatoria a nuevas movilizaciones. En este escenario, docentes, sindicatos y otros actores de la comunidad universitaria se coordinan para presionar por respuestas antes de cualquier decisión que pueda afectar el financiamiento y el funcionamiento de las casas de estudio.

Si bien aún no se definieron las acciones a seguir, en septiembre se perfila una movilización más amplia que busque el apoyo de toda la comunidad. El objetivo, según Chade, es garantizar un diálogo paritario que permita alcanzar acuerdos antes de que se tome cualquier decisión gubernamental que ponga en riesgo la viabilidad de la educación superior en el país.