Un informe de la Fundación Libertad y Progreso, basado en los resultados de las Pruebas Aprender 2024, revela que el 80,2% de los estudiantes riojanos de 5º y 6º año de secundaria alcanzaron o superaron el nivel básico en Lengua. A pesar de ubicarse por encima del promedio nacional, el 20% restante de los alumnos de la provincia finalizan sus estudios con limitaciones de lectoescritura, lo que representa un desafío para el sistema educativo provincial.
En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, los resultados de las Pruebas Aprender 2024 vuelven a poner en la agenda el estado de la educación en el país. Un análisis realizado por la Fundación Libertad y Progreso revela que, a nivel nacional, un 15,8% de los estudiantes secundarios no alcanzó el nivel básico de comprensión lectora. En el caso de La Rioja, la cifra, aunque mejor que el promedio, sigue siendo preocupante: el 20% de los alumnos no lograron los estándares mínimos en Lengua.
El informe destaca que, a pesar de este déficit, la provincia se ubica en una posición relativamente favorable en el ranking nacional. Con un 80,2% de sus estudiantes alcanzando o superando el nivel básico en Lengua, La Rioja se posiciona por encima del promedio de la Argentina, que es del 84,2%. Esto la coloca por delante de provincias como Chaco, Formosa y Tucumán, donde el problema es más acentuado.
Sin embargo, desde la Fundación Libertad y Progreso señalan que el dato de La Rioja, aunque mejor que el de otras provincias, sigue representando un desafío. El 20% de los estudiantes que finalizan la escuela secundaria sin las competencias de lectoescritura fundamentales enfrentan “serias limitaciones de comprensión lectora y sin competencias fundamentales para la vida adulta, como expresar con claridad una idea o identificar el mensaje central de un texto”.
El informe advierte que esta situación afecta directamente las oportunidades de desarrollo humano y laboral de los jóvenes y “reproduce desigualdades que condicionan su futuro”. La alfabetización, según el documento, no puede depender de “soluciones burocráticas”, sino que requiere de políticas públicas “basadas en evidencia” y una mayor participación de la sociedad civil para garantizar que todos los estudiantes, independientemente de su lugar de origen, tengan acceso a una educación de calidad.
