Un informe de IERAL reveló que los impuestos locales, incluidos los de La Rioja, elevan el costo del crédito. La ambigüedad de las normativas municipales aumenta los costos para los bancos y perjudica a la economía.
Un informe del Instituto de estudios de la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, junto con la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), encendió las alarmas sobre el impacto de la presión impositiva en el costo del crédito en el país. El estudio, titulado «Impacto de las tasas municipales sobre el crédito», señala que los tributos locales, incluyendo los que se aplican en La Rioja, encarecen el financiamiento en un promedio del 20%.
La Rioja se encuentra entre las jurisdicciones que, según el informe, imponen tasas municipales que no se ajustan a los criterios de validez establecidos por la Corte Suprema. La normativa local, al igual que en otras provincias, es ambigua y genérica. Por ejemplo, en el caso de la capital riojana, la tasa municipal se cobra por «servicios de contralor destinados a preservar la seguridad, salubridad, higiene, condiciones ambientales y cualquier otro, no retribuido por un tributo especial, que tiendan al bien común y bienestar general de la población».
Un esquema impositivo «destructivo»
El economista Osvaldo Giordano, presidente de IERAL, calificó la situación como un «esquema destructivo» que conspira contra el desarrollo del crédito, una herramienta «decisiva e imprescindible para el desarrollo del país». El informe detalla que la ambigüedad y la enorme dispersión de reglas entre los más de 2.000 municipios elevan exponencialmente los costos administrativos y la inseguridad jurídica para los bancos.
Esta falta de claridad en las ordenanzas obliga a las entidades financieras a «sobredimensionar» sus áreas administrativas, invirtiendo recursos en interpretar y cumplir normativas locales «altamente heterogéneas». El estudio concluye que la presión tributaria, que en algunos casos llega a superar el 7% de los ingresos brutos de los bancos, no solo opera como un «impuesto encubierto» sino que también crea una desventaja competitiva para las entidades con presencia física frente a quienes operan de manera digital.
