Los acreedores internacionales demandaron a la provincia en los tribunales de EE.UU. por el impago del Bono Verde. El colapso de la deuda de Quintela contrasta con la ingeniería de Caputo para renovar $14 billones y evitar una crisis de liquidez.
Mientras el equipo económico nacional hace cuentas finas para renovar vencimientos en pesos y evitar sobresaltos, La Rioja ya cruzó la línea roja. La provincia gobernada por Ricardo Quintela se encuentra oficialmente en default y enfrenta un complejo frente judicial en los Estados Unidos: los acreedores demandaron al distrito en los tribunales de Nueva York por una deuda que, sumando capital e intereses, supera los US$ 330 millones.
El conflicto escala la tensión financiera a un nivel internacional. Tras el fracaso de las negociaciones extrajudiciales para reestructurar el «Bono Verde» (emitido originalmente para la ampliación del Parque Eólico Arauco), los tenedores de bonos perdieron la paciencia y acudieron al Distrito Sur de Manhattan para exigir el pago total inmediato (aceleración de la deuda).
El «caso testigo» que mira la Rosada
El default riojano funciona como el espejo que la Casa Rosada intenta evitar a toda costa. Mientras la administración de Quintela quedó aislada del crédito internacional y bajo la lupa de la justicia extranjera, el Gobierno nacional enfrenta esta semana su propia prueba de fuego: vencimientos locales por $14 billones.
La diferencia de estrategia es abismal. El Ministerio de Economía nacional, con reservas líquidas ajustadas en el Banco Central (cerca de $4 billones del Tesoro), apuesta a un refinanciamiento voluntario («rollover») de al menos el 70% mediante incentivos de mercado y baja de tasas. La Rioja, en cambio, optó por la confrontación con los bonistas argumentando falta de fondos por los recortes de coparticipación, una jugada que terminó en los estrados estadounidenses.
La demanda en Manhattan
El juicio en EE.UU. complica severamente el margen de maniobra del gobernador peronista. La demanda no solo cierra el acceso al financiamiento externo para la provincia, sino que abre la puerta a posibles embargos si la justicia norteamericana falla a favor de los fondos de inversión.
El «Bono Verde» riojano fue, paradójicamente, una de las pocas emisiones provinciales exitosas destinadas a infraestructura productiva real. Sin embargo, la cesación de pagos desató una batalla legal que ahora pone en riesgo los activos provinciales y deja a la gestión local sin red de contención financiera, justo cuando la disputa política con Javier Milei por los recursos federales es más encarnizada.
Para los analistas del mercado, la situación de La Rioja es una advertencia: el costo de no honrar las deudas se paga con aislamiento financiero y juicios en moneda dura, un escenario que Nación busca esquivar con su ingeniería de pesos de esta semana.
