La entidad reclama ante la Justicia Federal el pago de más de 2,3 millones de pesos (monto sin actualización) por aportes y contribuciones impagos entre 2015 y 2018. Se trata de una ejecución fiscal por fondos del sistema de salud de los maestros.
La Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) inició una demanda de ejecución fiscal contra el Gobierno de la Provincia de La Rioja reclamando el pago de una deuda histórica por aportes patronales y contribuciones a la seguridad social. La presentación, radicada en el Juzgado Federal de La Rioja, exige el cobro de un capital inicial superior a los 2,3 millones de pesos (monto sin actualización), monto al que deberán sumarse intereses y actualizaciones que elevarán significativamente la cifra final.
La causa, caratulada «Obra Social para la Actividad Docente c/ Prov. de La Rioja – Gobierno de la Provincia / Ley 23.660 Obras Sociales», ingresó formalmente bajo el expediente 31401/2025. En las últimas horas, el Tribunal emitió la primera cédula de notificación solicitando a los abogados de la demandante que acrediten la personería invocada antes de avanzar con el embargo y la intimación de pago.
Los detalles de la deuda
Según se desprende del escrito judicial, OSPLAD reclama impagos correspondientes a períodos fiscales que van desde 2015 hasta 2018. La deuda se origina por la falta de depósito de aportes sobre diversos conceptos salariales liquidados a los docentes riojanos, entre ellos el ítem «Incentivo Plus» y sumas no remunerativas derivadas de acuerdos paritarios provinciales (código de liquidación 322).
Los abogados de la obra social presentaron ocho certificados de deuda (del N° 12808 al 12815) emitidos en junio de 2025, que actúan como título ejecutivo hábil para el cobro judicial compulsivo.
En la demanda, la entidad gremial argumenta que «el Gobierno de la Provincia integra la administración central de un estado provincial y debe actuar como agente de percepción y retención», obligación que, según la denuncia, no se cumplió en tiempo y forma para centenares de empleados del sistema educativo local.
El impacto en las cuentas
Si bien el monto nominal reclamado es de $2.363.466,57 (sin actualización), la ejecución fiscal solicita expresamente la adición de «recargos, actualizaciones e intereses» previstos por ley desde la fecha de origen de la deuda. Dado el contexto inflacionario de los períodos abarcados, el costo final para el erario público riojano podría multiplicarse.
Por el momento, el Juzgado Federal sito en la calle J.V. González ha puesto en pausa el proveído del embargo hasta completar las formalidades procesales de la representación legal de OSPLAD, paso previo a notificar oficialmente al Ejecutivo provincial para que responda la demanda.
