El debate por la publicación de las notas por colegio, reavivado tras el discurso de Javier Milei y la Ley de Libertad Educativa de 2025, suma una nueva capa de complejidad. Un análisis de los microdatos de las pruebas Aprender 2023 demuestra por qué un alto puntaje no siempre significa mejor educación y cómo las comparaciones injustas terminan armando un «ranking de composición social». El impacto de la pobreza en el aula y las provincias que realmente logran que sus escuelas hagan la diferencia.
En la reciente apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el presidente Javier Milei volvió a poner el foco en la crisis del sistema educativo. «Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo; las estadísticas son apabullantes», sentenció el mandatario. Aunque la prioridad del Estado nacional parece orbitar alrededor de la estabilización macroeconómica y el posicionamiento geopolítico, el debate educativo sigue latente, especialmente tras el fuerte impulso que tuvo el proyecto de Ley de Libertad Educativa en 2025.
Uno de los puntos más polémicos de aquella iniciativa gubernamental sigue sobre la mesa: la publicación de los resultados de las pruebas estandarizadas por escuela. Para los defensores del proyecto, es una cuestión de transparencia y de empoderar a los padres en la elección educativa. Sin embargo, un reciente y exhaustivo análisis a cargo de la especialista Ivana Templado enciende las alarmas sobre cómo se leen esos datos: el indicador elegido no es un detalle técnico, ya que define qué entendemos por “calidad” y, en última instancia, qué escuelas terminan siendo premiadas o castigadas.
El peligro de mezclar peras con manzanas
La advertencia central del informe es clara: la comparación en crudo de los resultados de las pruebas Aprender suele mezclar cosas muy distintas. Por un lado, el rendimiento observado de los estudiantes; por otro, el contexto socioeconómico de quienes asisten a cada colegio; y finalmente, la eficacia real de la institución (lo que la escuela le «agrega» al alumno).
«Si el indicador no separa composición y desempeño institucional, el riesgo es que la publicación termine reflejando principalmente diferencias sociales y no el aporte de las escuelas», advierte el estudio. En otras palabras, una escuela con puntajes altísimos puede no ser excelente académicamente, sino simplemente recibir a alumnos de sectores de altos ingresos que ya traen ventajas desde la cuna.
Para desarmar esta trampa estadística, Templado utilizó los microdatos de la prueba Aprender 2023 (enfocándose en la primaria estatal urbana) y aplicó un modelo multinivel. El objetivo: aislar el componente socioeconómico para descubrir cuánto aporta realmente la escuela.
El mapa de la eficacia: las provincias que suman y las que restan
En un país federal con 24 sistemas educativos distintos, la heterogeneidad es la norma. Al medir la eficacia pura de las escuelas —es decir, cuánto suma o resta la institución una vez que se neutralizan factores como el nivel socioeconómico (quintil), la edad y el género del estudiante—, el mapa argentino muestra contrastes contundentes.
Los datos revelan que jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Formosa y Córdoba presentan, en promedio, una eficacia positiva. Sus escuelas logran resultados por encima de lo esperable dado el perfil vulnerable o no de sus estudiantes. En la vereda opuesta, provincias como Santiago del Estero, Catamarca y Chaco arrojan valores negativos, indicando que sus estudiantes rinden por debajo de lo que su propio contexto social sugeriría.
El experimento contrafactual: ¿Qué pasaría si todos fueran pobres?
Para ilustrar de manera brutal el peso del bolsillo en las calificaciones, el informe plantea un escenario contrafactual: ¿Cuál sería el desempeño promedio si todos los estudiantes de las provincias pertenecieran al quintil socioeconómico más bajo (Q1)?
La brecha entre los resultados reales y este escenario imaginario es reveladora. Provincias que hoy ostentan excelentes resultados generales sufren caídas estrepitosas en la simulación. Esto demuestra que su éxito aparente no es mérito exclusivo de un sistema escolar superador, sino del perfil socioeconómico acomodado de su matrícula. Por el contrario, aquellas jurisdicciones que logran mantener buenos niveles de puntaje incluso en el escenario de pobreza extrema, son las que demuestran una verdadera solidez institucional.
Transparencia sí, pero con responsabilidad
La conclusión del análisis invita a reflexionar a los funcionarios de la cartera de Capital Humano antes de avanzar con tableros de control públicos. Confundir alto puntaje con alta eficacia escolar es tan peligroso como el extremo opuesto: asumir que el contexto de pobreza lo explica absolutamente todo y que, por lo tanto, no se le puede exigir nada a la escuela.
Si el Estado decide avanzar en la publicación de resultados por colegio, publicar los puntajes brutos es «insuficiente y potencialmente engañoso». Un esquema moderno y responsable debería incluir un indicador de «valor agregado» o eficacia institucional. Solo así se evitará la estigmatización de las escuelas de barrios vulnerables y se creará una herramienta real para identificar —y replicar— el modelo de aquellas instituciones que, contra todo pronóstico, logran que sus alumnos aprendan.
