Andrea Juárez (La Libertad Avanza) cruzó al oficialismo provincial durante el debate por los cambios en el programa Volver al Trabajo. Cuestionó el uso político de los beneficiarios, pidió tratar la adhesión al RIGI y advirtió sobre la frágil matriz económica local.
En un escenario político atravesado por la discusión sobre el modelo económico nacional y el rol de las provincias, la Legislatura de La Rioja fue escenario de un encendido debate que desnudó las tensiones estructurales del distrito. La diputada provincial Andrea Juárez, representante de La Libertad Avanza (LLA), rechazó de plano un proyecto que buscaba emitir una declaración de repudio contra las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en el programa Volver al Trabajo, y redobló la apuesta al exigir un giro radical hacia la generación de empleo privado.
La iniciativa original, impulsada en el recinto legislativo, apuntaba a rechazar la reestructuración de la asistencia social. Sin embargo, Juárez tomó la palabra para desarticular el reclamo y apuntar contra lo que definió como una «falta de gestión y de transparencia en la provincia».
“Es pertinente aclarar que se menciona la cifra de 900.000 beneficiarios, lo cual no corresponde a La Rioja”, comenzó señalando la legisladora, buscando despejar el impacto real de la medida en el territorio. Acto seguido, cuestionó la herramienta legislativa elegida: “Lo que llama la atención es que se impulse una declaración de repudio cuando lo que corresponde es avanzar con un proyecto de ley, como el que estamos presentando desde nuestro bloque, por ejemplo el RIGI”.
El fin de los intermediarios y la transición al sector privado
Durante su intervención, Juárez trazó una radiografía del programa social en cuestión. Recordó que el plan nació en 2020 bajo la gestión de Alberto Fernández, pero enfatizó que la reciente transformación de Potenciar Trabajo a Volver al Trabajo impulsada en 2024 no responde a una simple modificación cosmética, sino a una decisión política de fondo.
“Se busca eliminar al intermediario, que es quien usa el programa para condicionar políticamente a los beneficiarios, diciéndoles que dependen de su voto o que le deben el beneficio”, denunció Juárez, apuntando directamente contra el clientelismo.
La diputada de LLA explicó que el formato anterior tenía fecha de vencimiento en abril y que la actual transición contempla un cambio de paradigma: cada beneficiario recibirá un voucher de carácter no remunerativo destinado exclusivamente a capacitaciones reales. El objetivo, detalló, es dotar a las personas de herramientas concretas que faciliten su ingreso al sector privado formal.
La matriz económica riojana bajo la lupa
El tramo más duro del discurso de Juárez excedió la discusión sobre la asistencia social para apuntar a la viabilidad económica de La Rioja, una provincia signada por un alto nivel de empleo público y una fuerte dependencia de las transferencias de la Casa Rosada.
“Estaría bueno que en vez de declarar un repudio, nos pongamos a trabajar para generar fuentes de trabajo reales, para que La Rioja deje de depender de planes a perpetuidad”, sostuvo. En esa misma línea, planteó como alternativa urgente la adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aclarando que este esquema no solo beneficia a la minería, sino que es clave para potenciar el turismo, la tecnología y la energía.
El cierre de su alocución dejó una dura advertencia sobre las cuentas públicas y el sistema previsional local:
- «Tenemos que hablar en serio de lo que la gente necesita. Basta de declaraciones de repudio; empecemos a trabajar, que para eso nos pusieron en estas bancas, cualquiera sea el color político».
- «Hay que dejar de vivir de la coparticipación, que hoy cubre el 80% de la masa salarial».
- «La Rioja necesita incluir a muchos riojanos en la formalidad laboral, con jubilaciones dignas, sueldos reales y una obra social que no esté desfinanciada».
Con esta postura, el bloque libertario en La Rioja busca marcar la agenda local, alineando el discurso provincial con el rumbo de desregulación y fomento a la inversión privada que impulsa la administración central, y exponiendo las vulnerabilidades del modelo de gestión provincial histórico.
