La publicación de edictos mineros sobre el cerro Famatina que involucran a la empresa estatal Kallpa Sapem —con más de 10.000 hectáreas en tres departamentos— reactivó la tensión ambiental en Chilecito y la Capital. La secretaria de Minería del gobierno de Quintela asegura que son solicitudes de prospección superficial sin impacto ambiental aprobado. Las asambleas responden que la reforma nacional a la Ley de Glaciares cambia el contexto y que el historial del cerro no admite tranquilizadores. Tienen veinte días para presentar un rechazo formal.
El cerro Famatina tiene memoria larga. En 2012, la movilización popular que frenó la exploración minera en sus laderas produjo una de las consignas ambientales más reconocidas de la Argentina reciente y dejó una marca política que ningún gobierno provincial ha podido ignorar desde entonces. En 2025, con un nuevo paquete de edictos mineros publicados sobre la zona y una empresa estatal provincial —Kallpa Sapem— como protagonista, el debate volvió a las plazas de Chilecito y la Capital. La pregunta que divide al gobierno de la sociedad civil organizada es la misma de siempre, formulada en términos técnicos distintos: ¿qué está pasando realmente en el Famatina?
La versión oficial: doce pedidos, cero excavaciones
La secretaria de Minería de La Rioja, Ivanna Guardia, salió a descomprimir la situación con un argumento técnico-legal. Los doce pedidos registrados sobre la zona del Famatina corresponden a solicitudes de prospección —relevamientos superficiales que no implican excavaciones, perforaciones ni uso de agua—, y ninguno cuenta con aprobación de impacto ambiental ni con autorización para iniciar trabajos concretos. «No hay ningún trabajo aprobado ni por empezar», enfatizó la funcionaria.
Guardia recordó que el catastro minero es público y que la registración de áreas libres es un procedimiento estándar contemplado en el Código de Minería nacional: cualquier empresa o persona puede solicitar el registro de un área disponible, y ese acto administrativo no implica por sí solo ninguna decisión sobre la actividad futura. Antes de llegar a cualquier instancia exploratoria real, el proceso requiere un informe de impacto ambiental evaluado por la Secretaría de Ambiente y el consenso de las comunidades locales. La funcionaria ubicó además la actividad exploratoria efectiva en otro escenario geográfico: el Valle del Bermejo, donde operan actualmente unos siete proyectos en exploración y quince en prospección, concentrados en la ventana climática del verano.
La postura oficial es jurídicamente sostenible. El problema es que en el Famatina la credibilidad de los tranquilizadores institucionales se agotó hace más de una década.
Las asambleas: 10.000 hectáreas y el contexto nacional que cambia todo
En Chilecito, la Asamblea por la Vida convocó a la plaza Caudillos Federales para rechazar las concesiones otorgadas a Kallpa Sapem. El dato que las asambleas colocan en el centro del debate no es el procedimiento administrativo sino la escala: más de 10.000 hectáreas en los departamentos de Chilecito, Famatina y Felipe Varela bajo el paraguas de una empresa estatal provincial que opera, argumentan, con menor escrutinio público que una privada precisamente porque su carácter estatal genera una zona de confort político que no debería existir.
María Pía Silva, referente de la asamblea chileciteña, fue más allá del edicto puntual. Su lectura vincula la situación local con el movimiento nacional más amplio: la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Ejecutivo nacional de Javier Milei, que las organizaciones ambientales de todo el país califican como regresiva y diseñada a medida de las corporaciones mineras para reducir las zonas de exclusión que hoy protegen las fuentes de agua en zonas de alta montaña. Si esa reforma avanza, el marco legal que actualmente limita la actividad en áreas próximas a glaciares y ambientes periglaciares —como los que existen en el sistema hídrico del Famatina— se debilitaría de manera sustancial.
En ese contexto, lo que el gobierno provincial describe como un trámite administrativo rutinario, las asambleas lo leen como el primer movimiento de un tablero que se está reconfigurando a nivel nacional. No es una lectura irracional: los cambios regulatorios nacionales modifican el alcance real de las garantías provinciales, y la historia argentina reciente muestra que las concesiones mineras tienden a acelerarse cuando el marco normativo se flexibiliza.
El plazo de veinte días y las medidas que vienen
Desde la asamblea anunciaron dos movimientos concretos. El primero es institucional: recolección de firmas para presentar un documento formal de rechazo ante la Secretaría de Minería dentro del plazo legal de veinte días que el procedimiento administrativo habilita para las objeciones ciudadanas. El segundo es político: para la próxima semana se evalúan nuevas medidas de fuerza que podrían incluir festivales artísticos y marchas bajo la consigna histórica —el Famatina no se toca— que en 2012 demostró tener capacidad de veto social efectivo sobre las decisiones gubernamentales.
El nudo político que Quintela no puede ignorar
El conflicto coloca al gobierno de Ricardo Quintela en una posición incómoda que ilustra la tensión estructural de su gestión. Por un lado, el gobernador construyó parte de su identidad política sobre la defensa de los recursos naturales provinciales y la oposición al modelo extractivista irrestricto. Por otro, La Rioja necesita inversión y Kallpa Sapem es una herramienta estatal provincial de desarrollo minero que el propio gobierno creó y sostiene. Decir que los edictos son un trámite rutinario es técnicamente correcto. Ignorar que ese trámite sobre el Famatina activa una memoria colectiva con capacidad de movilización probada es políticamente ingenuo.
Las asambleas no necesitan demostrar que hay una mina en marcha para ganar el debate público: les alcanza con mantener viva la incertidumbre. Y en el Famatina, la incertidumbre siempre favoreció a quienes dicen que el cerro no se toca.
