La abogada Marcela Ortega notificó con escribano público a la delegación local tras el rechazo a cubrir medicamentos vitales para una paciente de 48 años con una grave afección pulmonar. El titular del organismo, Amado Menem, fue intimado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. «La Justicia provincial ya dictó una medida cautelar y el PAMI la ignora», denunció la letrada.
Una grave situación judicial y humanitaria sacude a la delegación local del PAMI en La Rioja. Tras constatar reiterados reclamos por la falta de prestaciones básicas y maltratos a los afiliados, la abogada Marcela Ortega interpuso un recurso de amparo con una medida cautelar favorable para salvar la vida de una paciente de 48 años, quien padece una enfermedad pulmonar severa e irreversible. A pesar de la orden emanada por la Justicia, las autoridades de la obra social nacional se negaron a otorgar la cobertura del 100% de los remedios, lo que motivó una intimación notarial inmediata bajo la advertencia de iniciar acciones penales.
«Traigo a acotación un caso concreto, grave, gravísimo, de una clienta que está perdiendo su vida. Hicimos un amparo y, como los jueces provinciales son jueces constitucionales, obtuve una medida cautelar por la vía judicial provincial. Es un remedio urgente porque se ve la veracidad de los hechos y el peligro en la demora», explicó Ortega en diálogo con la prensa, detallando la insólita respuesta que recibió su representada en las oficinas del organismo: «Mi clienta se apersonó y la abogada del PAMI, la doctora Bárbara Porporato, le dijo: ‘No, esa abogada Ortega hizo todo mal, está todo nulo, todo lo que tenés no vale’. Entonces, hoy fui con un escribano y los notifiqué por escritura pública. El PAMI tiene como plazo máximo hasta el día martes para llamar a mi clienta y darle la cobertura de manera inmediata o procederemos penalmente por abandono de persona, que es la figura que se configurará si no cumplen».
La letrada aclaró que la apelación presentada por el área legal del PAMI —bajo el argumento de que el conflicto debe tramitarse exclusivamente en el fuero Federal— no suspende la obligación de entregar los fármacos: «Una medida cautelar es de ejecución inmediata. Se tiene que cumplir mientras se discute la cuestión de fondo. Lo que no sabe la asesoría legal es que la Justicia provincial está facultada para hacer prevalecer el derecho a la salud. En el peor de los casos, si después el amparo federal no procede, la persona se hace cargo de lo que recibió y lo paga, pero mientras tanto no podemos dejar que se muera».
Intimación al director de la delegación
La acción civil y notarial no solo apuntó a la estructura administrativa de la obra social, sino de forma particular contra su máxima autoridad en la provincia, el doctor Amado Menem, acusándolo de desoír los mandatos judiciales vigentes.
«Al doctor Amado Menem hoy no tan solo lo intimé en la delegación de PAMI, sino que lo intimé a él particularmente por la falta en las funciones de sus deberes como funcionario público. Él es un hombre del derecho, sabe perfectamente lo que corresponde, y está incumpliendo una orden judicial ya establecida. La próxima instancia, si el martes no hay respuestas, será la demanda penal».
Ortega describió el panorama con el que se encontró al recorrer las instalaciones céntricas de la entidad asistencial, describiéndolo como una preocupante «falta de humanidad» hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. «Fui personalmente al lugar donde están todas las personas esperando y es desastroso. Había un señor de Patquía que se vino con lo poco que tenía porque allá no hay traumatólogo y lo trataron pésimamente mal; se fue llorando porque no puede caminar. El que va al PAMI no va porque quiere, va desesperado, va porque tiene un problema y necesita una respuesta. Trátalos bien, indícales las cosas, tené un equipo preparado. Puede ser tu mamá o tu abuela», fustigó la abogada.
Patrocinio gratuito y amparo colectivo para afiliados
Frente a la masividad de reclamos que se repiten a diario en toda la provincia, y la imposibilidad económica de la mayoría de los jubilados para costear una representación legal, Ortega anunció que brindará asesoría legal sin cargo para frenar el desfinanciamiento prestacional del organismo.
«Salí a la vereda y un señor me pidió por favor si lo podía patrocinar, llorando porque no le daban la prótesis para el ojo y tenía el ojo al aire. Obviamente le dije que sí. Por eso, me pongo a total y absoluta disposición de cualquier persona que necesite que la patrocine ante el PAMI de manera totalmente gratuita. Vamos a avanzar con un amparo colectivo», anticipó la abogada, cuyo estudio jurídico se encuentra ubicado en la avenida Facundo Quiroga 1833.
Finalmente, la profesional alertó sobre el crítico estado de situación que atraviesan las delegaciones del interior riojano, donde la desatención golpea con mayor crudeza: «Si pasa esto acá en la capital, no quiero ni pensar lo que es en el interior; la gente del interior directamente está resignada a morirse con el PAMI porque no les dan respuestas de ningún tipo. El titular no está nunca, no atiende el teléfono, no da entrevistas en los medios porque dice que no lo autorizan desde Buenos Aires. Todos sabemos cómo funciona esto, pero acá hay una cuestión humana y un derecho constitucional que se está violando», concluyó.
