La CGT se alinea con el gobierno y busca reformar el empleo público con un convenio colectivo para estatales

La central obrera presentará un proyecto para modificar la Ley 3.870 que regula a la Administración Pública Provincial. Aunque admitió que la recomposición salarial «no alcanza», evitó confrontar con el Gobierno y atribuyó las limitaciones financieras al contexto fiscal de la provincia.

La CGT La Rioja abrió una nueva etapa en su relación con el gobierno de Ricardo Quintela. La central obrera anunció que impulsará una reforma de la Ley 3.870, que regula el régimen laboral de los empleados públicos provinciales, y buscará avanzar hacia la creación de un convenio colectivo de trabajo para el sector estatal.

La iniciativa será presentada en la Legislatura y forma parte de una agenda que la conducción sindical comenzó a discutir con funcionarios provinciales. El objetivo, según explican en la CGT, es modernizar la carrera administrativa y establecer un marco de negociación permanente para las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

El anuncio fue realizado por Daniel Mercado, secretario general de UPCN La Rioja e integrante del triunvirato que conduce la CGT provincial.

«Vamos a presentar un proyecto de ley para reformar la Ley 3.870 y encaminarnos hacia un convenio colectivo de trabajo para el sector. Hemos tenido diálogo con el Gobierno donde no solo planteamos la cuestión salarial sino también la reforma de la ley, que servirá para mejorar la carrera administrativa», afirmó.

La propuesta constituye uno de los principales reclamos históricos de los gremios estatales, que buscan reemplazar el actual esquema por un régimen que otorgue mayor participación sindical en la definición de las condiciones laborales.

Pero el respaldo al Gobierno también quedó expuesto en el análisis de la última recomposición salarial.

Mercado reconoció que el aumento anunciado para los empleados públicos resulta insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo, aunque evitó cuestionar la decisión de la administración provincial y sostuvo que las restricciones financieras limitan el margen de acción.

«Estamos muy lejos de lo que necesita el trabajador. Pese a eso, sabemos que los números son claros en cuanto a lo que la Nación le envía a la Provincia y que mucho más no se puede hacer», señaló.

El dirigente consideró que, aun cuando la mejora salarial no recompone los ingresos, representa un avance en un contexto económico complejo.

«Ningún aumento se puede negar. No es mucho, pero también es cierto que a nivel nacional se ha dado muy poquito», agregó.

En ese marco, la CGT propuso abrir una instancia permanente de negociación con la Casa de las Tejas para discutir futuras actualizaciones salariales y otros aspectos vinculados al empleo público.

«Estos aumentos no alcanzan para nada, pero tampoco nos podemos quedar con que no nos den nada. Vamos a seguir trabajando con el Gobierno; la idea es lucharla juntos para ver qué otras alternativas se pueden dar para futuros aumentos», sostuvo Mercado.

El posicionamiento de la central obrera marca un contraste con otros sectores sindicales, como AMP, que rechazaron la oferta salarial y convocaron a medidas de fuerza. La CGT, en cambio, eligió acompañar la recomposición, aunque insistiendo en la necesidad de abrir una discusión de fondo sobre el régimen laboral de los estatales.

La eventual reforma de la Ley 3.870 y la creación de un convenio colectivo de trabajo podrían convertirse en uno de los principales debates legislativos del segundo semestre, con impacto sobre la organización del empleo público y las futuras negociaciones entre el Gobierno provincial y los sindicatos.