Guillermo Galván, exviceintendente de la ciudad de La Rioja, anunció que prepara una acción de amparo para solicitar que se declare inconstitucional la utilización de los bonos “Chachos” como parte del ingreso de los trabajadores públicos. La decisión provincial reabrió una discusión de alcance nacional sobre los límites que tienen los gobiernos subnacionales para emitir títulos destinados a cancelar obligaciones.

El planteo apunta contra los Bonos de Cancelación de Deuda —BOCADE—, denominados “Chachos” en homenaje al caudillo federal Ángel Vicente Peñaloza. Según el esquema dispuesto por el Gobierno de Ricardo Quintela, los empleados públicos recibirán $50.000 en estos títulos, con una equivalencia nominal de un Chacho por cada peso.

La medida representa una circulación estimada en $4.000 millones mensuales si alcanza a unos 80.000 beneficiarios. Galván aseguró que el sistema constituye una “prueba piloto” que podría ser imitada por otras provincias frente a la falta de recursos y la proximidad del calendario electoral de 2027.

“Estamos preparando un amparo para que se declare inconstitucional la emisión porque afecta el salario de los trabajadores, la propiedad y la intangibilidad de la remuneración”, afirmó el dirigente radical. La presentación judicial aún no fue resuelta y sus cuestionamientos constituyen la posición de un referente opositor. La validez constitucional del mecanismo deberá ser determinada por los tribunales competentes.

Qué son los Chachos y cómo funcionan

Aunque suelen ser presentados como una moneda provincial, técnicamente los Chachos son títulos de deuda emitidos por el Estado riojano. No son moneda de curso legal y su aceptación por parte de los comercios es voluntaria.

Los bonos pueden utilizarse en negocios adheridos y para cancelar determinadas obligaciones provinciales. Los comerciantes que los reciben pueden solicitar posteriormente su rescate por pesos, de acuerdo con las condiciones fijadas por el Ministerio de Hacienda local.

El cuestionamiento sobre los aportes salariales

Uno de los principales argumentos de Galván es que los $50.000 abonados mediante bonos no tendrían inicialmente el mismo tratamiento que una suma remunerativa pagada en pesos. El dirigente advirtió que esto podría afectar aportes jubilatorios, obra social, seguro de vida y el cálculo de futuros haberes.

“En la práctica están utilizando este bono como una moneda de circulación. El empleado no tiene la opción de no recibirlo”, señaló.

La advertencia sobre la emisión monetaria

Galván también invocó el artículo 30 de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece que el BCRA es el encargado exclusivo de emitir billetes y monedas y que las provincias no pueden crear instrumentos susceptibles de…