Un análisis sobre las cuentas públicas provinciales reveló que La Rioja reportó superávit financiero durante el primer semestre y récord de transferencias nacionales en julio. Especialistas advierten que la emisión de $4.000 millones en Chachos genera costos innecesarios, pérdida de valor en el tiempo y cuestionan el impacto del default del bono internacional en la llegada de inversiones.
En el marco del debate sobre la situación financiera de La Rioja y la reciente puesta en circulación del Bono de Cancelación de Deuda (Chachos), un detallado informe económico expuesto en el ámbito radial contrastó los argumentos oficiales de asfixia presupuestaria con las cifras que la propia provincia informó a los organismos nacionales.
Superávit de $11.365 millones y récord de recursos en julio
De acuerdo con los datos publicados por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, durante el primer trimestre de 2026 La Rioja reportó un superávit financiero consolidado de $11.365 millones de pesos.
La tendencia positiva se mantuvo al cierre del segundo trimestre (acumulado a junio), donde tanto el sector público no financiero como el consolidado total arrojaron saldos favorables cercanos a los $11.000 millones. A este panorama se sumó el desempeño de julio, mes en el que los giros automáticos y recursos de origen nacional alcanzaron un récord superior a los $140.000 millones, creciendo en términos reales por encima de la inflación.
«Si las cuentas públicas tuvieron un superávit consolidado de más de 11 mil millones de pesos y los ingresos de julio superaron a la inflación, no existía una justificación técnica para volcar a la calle 4.000 millones en Chachos. Se le impone un costo a la sociedad en tiempo y logística, obligando a los trabajadores a hacer largas filas para cobrar una cuasimoneda cuando la provincia contaba con fondos en moneda de curso legal», se explicó en el informe.
El riesgo de pérdida de valor en el tiempo
El análisis advirtió sobre las consecuencias empíricas que históricamente tuvieron los bonos provinciales en la Argentina:
- Distorsión de precios: El riesgo latente de que el comercio comience a aplicar precios diferenciados (precio de lista para Chachos y descuento para efectivo en pesos).
- Costo de emisión: Los gastos asociados a la impresión, papel de seguridad, custodia y logística de distribución física del bono, que absorben recursos del Estado.
Default y la calificación crediticia más baja del país
Otro de los puntos críticos analizados fue la notificación cursada a los mercados financieros donde la Provincia ratificó la imposibilidad de afrontar el vencimiento de deuda en moneda extranjera previsto para este mes:
«La Rioja continúa en cesación de pagos y se ubica entre las provincias con peor calificación de riesgo crediticio (notas de D y CC). Esta falta de cumplimiento de las obligaciones funciona como un ‘Veraz’ internacional: encarece el crédito futuro y actúa como una señal de alerta que ahuyenta inversiones privadas productivas que generen empleo real», remarcaron.
Macroeconomía nacional: inflación mayorista al 0,8% y riesgo país
En el plano nacional, el informe destacó el dato del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), que en julio se ubicó en el 0,8% mensual, perforando el piso del 1%:
- Impacto futuro en el IPC: La baja en los precios mayoristas anticipa una desaceleración en los costos de los bienes que impactará de manera positiva en las próximas mediciones de inflación minorista.
- Riesgo país: Su oscilación entre los 400 y 500 puntos básicos responde a factores de volatilidad global (tasas en EE.UU. y tensiones en Medio Oriente), manteniéndose en niveles sustancialmente menores a los picos de más de 2.000 puntos de años anteriores.
El aislamiento en la mesa de negociación del Norte Grande
Por último, se analizó el acuerdo alcanzado por los gobernadores del Norte Grande con el Gobierno nacional para instrumentar subsidios a las tarifas eléctricas por Zona Muy Cálida:
«Mientras diez provincias del norte se sentaron a acordar con el gabinete nacional beneficios tarifarios para su gente, La Rioja quedó marginada de la mesa de diálogo. Administrar el Estado exige pensar en el bienestar de los 400.000 riojanos por encima de las disputas políticas, sobre todo en una provincia que tiene uno de los ingresos salariales más bajos y los índices de morosidad más altos del país», concluyó el análisis.
