Las medidas anunciadas por el Gobierno de La Rioja para enfrentar el creciente endeudamiento familiar abrieron un nuevo frente de discusión sobre su alcance real y sus posibles efectos secundarios.
Emanuel Akiki, presidente de Arco Acción Ciudadana, cuestionó el paquete oficial y sostuvo que buena parte de las decisiones anunciadas “patean el problema hacia adelante” en lugar de resolver la situación económica que llevó a miles de familias a endeudarse.
Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a las líneas del Banco Rioja. Según planteó, la reducción de tasas y las refinanciaciones benefician principalmente a quienes ya son clientes de la entidad, especialmente empleados públicos.
“Es un plan exclusivo, no inclusivo”, afirmó al advertir que trabajadores privados, comerciantes y otros sectores no tendrían acceso a las mismas condiciones.
El problema de fondo: los ingresos
Akiki sostuvo que la solución estructural debería pasar por una recomposición salarial.
Según argumentó, si los ingresos permitieran afrontar gastos básicos y obligaciones financieras, el Estado no necesitaría intervenir permanentemente mediante congelamientos, refinanciaciones o suspensiones de ejecuciones.
También cuestionó que el esquema de refinanciación pueda generar una falsa expectativa entre los deudores. Explicó que, en muchos casos, el dinero no quedará disponible para consumo sino que será utilizado directamente para consolidar o cancelar obligaciones anteriores, dejando al cliente comprometido durante varios años.
El registro de prestamistas
Otro de los puntos cuestionados fue la creación de un registro de prestamistas.
Akiki diferenció la persecución de prácticas usurarias —que consideró necesaria— de una eventual regulación amplia que pueda alcanzar a comercios o empresas que venden financiado.
Advirtió que nuevas exigencias administrativas podrían convertirse en mayores costos para los establecimientos y terminar trasladándose a los precios.
Además, sostuvo que una caída fuerte de las cobranzas podría tener consecuencias sobre el empleo y sobre la propia recaudación provincial a través de Ingresos Brutos.
“El mensaje no puede ser que no hay que pagar”
El dirigente también cuestionó la comunicación oficial alrededor de la emergencia.
Según su interpretación, algunos anuncios pueden ser entendidos por los deudores como una señal de que las obligaciones pueden dejar de pagarse temporalmente.
Akiki sostuvo que combatir la usura o limitar determinadas ejecuciones no equivale a eliminar una deuda y advirtió que, una vez vencidos los períodos excepcionales, los acreedores podrán continuar reclamando los compromisos pendientes.
También cuestionó el congelamiento tarifario
La crítica se extendió a la decisión provincial de mantener congeladas por otros 60 días las tarifas de energía, agua, transporte y conectividad.
Akiki comparó la estrategia con medidas aplicadas durante la pandemia y planteó que se trata de mecanismos transitorios que no modifican la capacidad real de pago de las familias.
Su planteo central fue que La Rioja enfrenta un problema de ingresos y empleo que no puede resolverse solamente refinanciando deudas, congelando tarifas o postergando vencimientos.
Akiki pide que la emergencia alcance también al Banco Rioja
En una segunda intervención sobre el tema, Akiki sostuvo que el esquema anunciado por el Ejecutivo provincial quedaría “a mitad de camino” si las restricciones y mecanismos de protección para los deudores no alcanzan también al Banco Rioja. Señaló que, según su interpretación de la Ley provincial 8.232, el banco debería limitar sus descuentos al 30% de los ingresos y las mutuales y cooperativas al 20%. También cuestionó los casos en los que, de acuerdo con su experiencia, las obligaciones financieras terminan absorbiendo prácticamente la totalidad del salario. El alcance jurídico de esa norma y su aplicación a cada producto financiero deberán verificarse en el texto legal y en los contratos correspondientes.
Sobre la suspensión de ejecuciones por 180 días, advirtió que la medida no extingue las obligaciones: “la deuda persiste”. Akiki sostuvo que, una vez finalizado el período excepcional, podrían reanudarse ejecuciones, embargos o secuestros de vehículos prendados si no existe una renegociación efectiva. Recordó como antecedente las prórrogas aplicadas durante la pandemia y pidió evitar que los deudores interpreten la suspensión temporal como una eliminación de sus compromisos.
