El diputado libertario Gino Visconti acusó a la Casa de las Tejas de impedir la instalación de los equipos satelitales facilitados por la Nación en los parajes del interior. Denunció privilegios de funcionarios y advirtió que el gobernador prioriza el cerco ideológico por sobre la conectividad de los alumnos.
Una nueva controversia política de fuerte impacto institucional se desató entre La Libertad Avanza y el gobierno de Ricardo Quintela. El diputado provincial libertario Gino Visconti denunció públicamente que la administración provincial bloquea de manera deliberada el ingreso y la instalación de las antenas de conectividad satelital Starlink —tramitadas por la gestión del presidente Javier Milei— en los establecimientos educativos rurales del interior riojano.
A través de sus redes sociales, el legislador alineado con el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, expuso lo que calificó como una arbitrariedad basada en privilegios oficiales: «En La Rioja el gobernador no deja que las antenas Starlink que consiguió Milei ingresen a las escuelas rurales. Pero ellos son los primeros en usar estas antenas. Parece que para tener acceso a internet tenés que ser amigo del poder», disparó.
La acusación por el bloqueo tecnológico en el interior
El señalamiento del bloque libertario apunta a la negativa de la cartera educativa y de los organismos técnicos locales a homologar el despliegue de los kits de internet satelital provistos por la firma del magnate Elon Musk en los parajes más aislados de la provincia. La tecnología de órbita baja permite conexiones de alta velocidad en zonas inhóspitas donde no existe tendido de fibra óptica ni cobertura de telefonía celular.
Según advierten desde la oposición, el impedimento oficial priva a cientos de niños de acceder a herramientas digitales elementales, subordinando una necesidad formativa básica a la disputa doctrinaria que la Casa de las Tejas mantiene de forma permanente con el gobierno federal.
La denuncia cobró fuerza inmediata en las comunidades rurales del oeste y de los Llanos riojanos, donde directivos y docentes de escuelas de personal único y albergues de montaña conviven a diario con deficiencias crónicas de señal que impiden tanto el dictado de clases como la carga de registros administrativos.
El contraste con el relato oficial y el monopolio de las telecomunicaciones
La embestida libertaria golpea de lleno contra el discurso que habitualmente exhibe el Ministerio de Educación provincial. Días atrás, el ministro Ariel Martínez había ponderado públicamente que el 70 por ciento de las escuelas riojanas se asientan en contextos rurales y aseguró que más del 90 por ciento contaban con pisos tecnológicos conectados a la red por decisión directa del Estado provincial.
No obstante, desde las filas de La Libertad Avanza argumentan que el cerrojo del gobierno riojano no solo obedece a un interés por evitar que la Casa Rosada capitalice la modernización tecnológica de las aulas, sino a la intención de resguardar el monopolio comercial y operativo que ejerce la empresa estatal Internet Para Todos (La Rioja Telecomunicaciones SAPEM), encargada de la provisión cautiva del servicio en el territorio provincial.
«Prefieren dejar a los chicos sin señal antes que admitir una solución eficiente que llega desde el gobierno nacional», remarcan en los despachos opositores, contrastando la resistencia oficial en las escuelas con el uso particular de receptores satelitales que exhiben fincas privadas y complejos residenciales ligados a funcionarios provinciales.
La pulseada ideológica que llega hasta las aulas
El reclamo por las antenas Starlink se inscribe en la confrontación constante entre el esquema libertario y el régimen provincial. Mientras Martín Menem y sus cuadros legislativos insisten en denunciar el atraso y la discrecionalidad del modelo estatal riojano —al que contraponen con las políticas de desregulación aplicadas en provincias vecinas—, la Casa de las Tejas profundiza su repliegue autárquico.
La denuncia de Visconti suma así un nuevo capítulo al expediente de reclamos opositores sobre los servicios esenciales que dependen exclusivamente del gobernador, exponiendo la contradicción de un discurso que pregona la justicia social y el acceso a la tecnología pero clausura alternativas de conectividad por razones estrictamente partidarias.
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