El ex ministro de Hacienda y ex senador pronosticó un escenario severo por el recorte de partidas compensatorias y la caída de la coparticipación. Sostuvo que a la Provincia le resultará inviable financiar el transporte y la energía eléctrica frente a la prioridad de pagar sueldos estatales.

Una voz de consulta obligada en materia de finanzas públicas dentro del justicialismo riojano encendió una severa luz de alarma sobre el futuro inmediato de las cuentas provinciales. El ex senador nacional y ex ministro de Hacienda de la provincia, Ricardo Guerra, advirtió que La Rioja enfrentará un panorama presupuestario de extrema complejidad durante 2027, condicionado por el cerrojo fiscal que impuso el gobierno del presidente Javier Milei y la exclusión formal de los fondos compensatorios extracoparticipables en la ley de leyes nacional.

El economista, quien presidió la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta durante su mandato legislativo, analizó los alcances del proyecto remitido al Congreso y consideró que consolida un sendero de ajuste estructural que golpea de lleno a las provincias del norte.

El doble impacto sobre los ingresos provinciales

«El proyecto de Presupuesto nacional 2027 es muy restrictivo y tiende a consolidar el modelo económico que viene implementando la Casa Rosada. Hay un achicamiento deliberado del Estado, un objetivo de contener los precios a partir de la absorción de circulante monetario —lo que profundiza el endeudamiento de las familias— y un intento por mantener a rajatabla un superávit fiscal ficticio con métodos bastante cuestionables», contextualizó Guerra en declaraciones a la prensa local.

En ese marco, el ex titular de la cartera económica explicó que La Rioja experimentará una reducción de ingresos por dos vías convergentes. Por un lado, la recesión del mercado interno contrae la recaudación impositiva nacional de IVA y Ganancias, lo que deriva en una merma automática de la masa de coparticipación federal que se gira a las provincias. Por el otro, el Presupuesto 2027 ratificó la decisión de la Casa Rosada de no presupuestar las partidas extracoparticipables históricas que la provincia percibía para compensar el punto de coparticipación cedido en 1988.

«Si bien la caída de la actividad económica afecta a todas las provincias por igual, en el caso de La Rioja la situación se complejiza aún más porque se le suma la pérdida total de los fondos extra. La combinación de ambos factores dibuja un panorama muy delicado para las finanzas locales», puntualizó el ex legislador.

En jaque: las tarifas eléctricas y el boleto de colectivo

El tramo más inquietante de su advertencia apuntó a la capacidad real del Estado provincial para continuar amortiguando el costo de las tarifas en los hogares riojanos. Según el análisis de Guerra, el ahogo de recursos obligará a la administración de Ricardo Quintela a revisar de manera drástica los aportes destinados a subsidiar los servicios públicos.

«A la provincia le resultará sumamente difícil sostener el esquema actual de subsidios a la energía eléctrica y al transporte urbano de pasajeros. Con ingresos menguados, el Ejecutivo tiene la obligación primaria de atender la masa salarial del empleo público, sostener los programas sociales de emergencia y cumplir con los compromisos de los proveedores estatales, entre otros gastos elementales de funcionamiento», alertó el especialista.

El pronóstico confirma las preocupaciones que ya circulaban en los pasillos de las empresas estatales como Edelar y Rioja Bus, cuyos costos operativos crecen al compás de la inflación en dólares mientras la recaudación provincial enfrenta un freno estructural.

El telón de fondo de la encrucijada política

Las conclusiones de Guerra aportan sustento técnico a la discusión política que sacude al peronismo vernáculo. La inviabilidad de sostener los subsidios coincide con la apertura de registros del Ministerio de Hacienda, que reveló una masa de casi 70.000 personas dependientes del erario público, y con la inminente pérdida de vigencia de los bonos Chachos fijada para el 31 de diciembre.

El diagnóstico del ex ministro fortalece la postura de los intendentes del interior y los armadores de Chilecito, quienes insisten en la necesidad de adelantar las elecciones provinciales a mayo de 2027. En las comunas advierten que, sin partidas extraordinarias y con tarifas al alza, el desgaste de la gestión pública será insostenible hacia la segunda mitad del año próximo, abriendo un escenario de máxima vulnerabilidad electoral frente al avance de La Libertad Avanza.