El medio Uno de Mendoza, que pertenece al grupo más importante de la provincia cuyana, título «El increíble caso del gobernador riojano que acusó a la UCR de ser «la prostituta del PRO» con la firma de Manuel De Paz.
En ese sentido destacó que «para defender a Cristina, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ha incurrido en un papelón en el que demostró su machismo más elemental».
La nota de opinión
El gobernador peronista-kirchnerista de La Rioja, Ricardo Quintela (62), ha acusado a la UCR nacional de cumplir el papel de «la prostituta barata del PRO» en la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) y ha pontificado que «eso no puede seguir siendo». Las palabras del mandatario están tan llenas de significación negativa contra las mujeres que llaman la atención.
Sin embargo, no es la primera vez que Quintela, que tiene a 30 familiares directos conchabados en áreas del Estado riojano, demuestra que atrasa varios años.
Lo de «prostituta barata» es un pensamiento de un machismo muy elemental, un claro ejemplo de cómo razonan ciertos gobernadores feudales a los que Alberto Fernández suele arropar y que ahora se sienten en la obligación de devolverle favores, en este caso a través del aparatoso y febril acompañamiento para que los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean sometidos a un juicio político por haber emitido un fallo contrario al Gobierno.
Quintela ha reclamado, además, un trabajo constante (algo que suena muy parecido a un escrache) para que se visibilice a los miembros de la Corte Suprema de la Nación «y se sepa dónde viven, cómo viven, de qué viven».
En la visión de Quintela, la UCR se ha convertido en «prostituta barata» por no salir a combatir el fallo de la Corte que ordenó restituir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) parte de los fondos de la coparticipación que la Casa Rosada le había birlado a Horacio Rodríguez Larreta para luego pasarlos al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce el cristinista Axel Kicillof.
Esa movida contra CABA fue un operativo con ribetes tan netamente filibusteros que, hasta en una de esas simulaciones de juicio que suelen hacer los alumnos de Derecho, los estudiantes hubieran fallado igual que la Corte. Sabido es que la idea original de tirarle un zarpazo a los fondos porteños fue de Cristina Kirchner. Y que el presidente Alberto Fernández fue su ejecutor.
Tras haber emitido el máximo tribunal de Justicia ese fallo, una serie de gobernadores -de esos que siempre figuran entre los de peor imagen pública- hicieron envalentonar al Presidente para que desconociera la disposición de la Corte Suprema. «No lo vamos a cumplir», anunció entonces el jefe de la Casa Rosada.
El mandatario, que suele llenarse la boca diciendo que es un «un hombre del derecho, hijo de un juez y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA», se prendió rápidamente a esa alocada idea que, de haberse sostenido, hubiese significado, un alzamiento grotesco contra la Constitución.
Antes de que pasaran 24 horas de esa ridícula desobediencia, y frente a la potente y escandalosa repercusión que el dislate presidencial había tomado en varios frentes, sobre todo en una economía como la argentina, atada con alambres, Alberto Fernández dio marcha atrás pero anunció que «con el acompañamiento de la mayoría de los gobernadores» iban, en cambio, a solicitar el juicio político a los integrantes del máximo tribunal del país.
El Presidente con algunos de los gobernadores peronistas que respaldan el intento de llevar a juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Lo desmintieron numerosos gobernadores peronistas (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, San Juan, San Luis) sumados a los de administraciones radicales, del PRO o de partidos provinciales (Mendoza, Jujuy, Corrientes, CABA y Neuquén ) que ratificaron que no acompañarán el pedido de juicio político a la Corte.
Pese a ello, el Presidente llamó a sesiones extraordinarias a realizarse en la segunda quincena de éste enero para que el Parlamento se expida sobre ese pedido de juicio político.Todos los analistas (incluso los del propio Gobierno) coinciden que no hay ninguna posibilidad de que Alberto Fernández logre aprobar en el Congreso su embestida, que requiere del aval de los dos tercios del Congreso.
Consideran que, en cambio, el Gobierno sostendrá lo más que pueda esa puesta en escena para mantener latente en la opinión pública la arremetida del Ejecutivo contra el Poder Judicial y sosegar por un tiempo más a Cristina Kirchner.
El gobierno argentino sigue empeñado en atender prioritariamente los intereses personales de Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por hechos de corrupción.
Una vez más la vicepresidenta ha logrado que su agenda judicial esté entre las principales preocupaciones de un gobierno nacional que debería estar empeñado en combatir la inflación, la ausencia de dólares, la falta de creación de empleos genuinos, o la escasez de insumos para las industrias y las pymes, es decir, asuntos del interés público.
¿Por qué comenzamos esta columna con el caso del gobernador riojano Ricardo Quintela y sus ideas sobre «prostitutas baratas»? Porque su exabrupto es una significativa pústula, otra más, en un entramado político cada día más enfermo.
La página de Eduardo German 