En una medida sin precedentes recientes, el gobierno de la provincia de La Rioja pagará un bono de 50 mil en agosto para sus empleados públicos con una nueva cuasimoneda denominada «Chachos», mientras que los funcionarios han recibido entre 100 mil y 50 mil, ante la falta de pesos emitidos por el Banco Central. Esta decisión ha generado una serie de interrogantes sobre la aceptación y el futuro valor de estos papeles.
Medida de emergencia
Debido a la escasez de pesos, las autoridades provinciales tendrán la opción por pagar el 70% de los salarios en moneda nacional y el 30% restante en «Chachos» en un futuro próximo. Esta decisión será tomada para evitar un impago parcial de los salarios, considerando que ajustar otras partidas del gasto público resultaba aún más problemático, sostienen en el gobierno riojano.
Reacciones y aceptación
Los empleados públicos no tienen otra alternativa que aceptar los «Chachos». La gran pregunta ahora es qué harán con esta cuasimoneda. Expertos sugieren que podrían utilizarse para el pago de impuestos provinciales, ya que el gobierno de La Rioja es la única entidad que no puede rechazar estos papeles. Sin embargo, fuera de este ámbito, los «Chachos» podrían perder gran parte de su valor, afirman los analistas economistas.
Comparaciones históricas
El caso de los «Chachos» recuerda experiencias pasadas como los Cecor en Córdoba, que eventualmente fueron rescatados por el gobierno provincial. No obstante, esta solución parece lejana y depende de que La Rioja logre un superávit fiscal en el futuro.
Postura del gobierno nacional
El presidente Javier Milei ha sido claro en su negativa a rescatar cuasimonedas provinciales, una postura que contrasta con la experiencia de principios del siglo XXI. La firmeza del mandatario en materia fiscal sugiere que los gobernadores provinciales deben buscar soluciones internas a sus problemas financieros.
Conclusión
El destino de los «Chachos» sigue siendo incierto. Mientras tanto, los empleados públicos de La Rioja y los actores económicos de la provincia deberán adaptarse a esta nueva realidad, evaluando si conservar estos papeles en espera de una redención futura o utilizarlos en el corto plazo para el pago de impuestos provinciales o comestibles. La medida, aunque controvertida, refleja las tensiones y desafíos fiscales que enfrenta La Rioja en un contexto económico complicado.
