En un movimiento que busca fortalecer el control y la eficiencia en los servicios de la Obra Social provincial, la Legislatura de La Rioja sancionó la Ley N° 10.729, que establece un nuevo adicional por Auditoría e Incompatibilidad Funcional para el personal del Agrupamiento Profesional en las Categorías A y B.
La norma, impulsada por los diputados Juan Carlos Santander y Lourdes Alejandrina Ortiz, modifica el Artículo 3° de la Ley N° 9.547, detallando que el adicional se aplicará exclusivamente a aquellos trabajadores que desempeñen funciones de auditoría en áreas médicas, odontológicas, bioquímicas o paramédicas. Además, deberán estar involucrados en tareas de control y fiscalización de las prestaciones y obligaciones contraídas por los afiliados y prestadores de la Obra Social.
Este adicional representará un incremento del 100% sobre la asignación de la categoría que ocupe el agente, lo que ha sido considerado como una medida para incentivar un mayor compromiso y rigurosidad en el desempeño de estas funciones críticas.
La ley fue promulgada por el gobernador Ricardo Quintela el pasado 2 de agosto mediante el Decreto N° 1.098, y entrará en vigencia de inmediato tras su publicación en el Boletín Oficial.
La decisión ha sido bien recibida por algunos sectores, que consideran que ayudará a mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión de la Obra Social. Sin embargo, algunos críticos han expresado preocupación por el impacto fiscal que podría tener este nuevo adicional en un contexto de restricciones presupuestarias.
Este cambio se produce en medio de un año marcado por diversas reformas en la provincia, en las que el gobierno de Quintela ha buscado implementar medidas que fortalezcan el aparato estatal, aunque no han estado exentas de controversia.
