El Presidente lanzó el «Régimen de Reparación Federal», un plan que permite a las provincias recibir terrenos, edificios y otros activos estatales en compensación por las deudas de la Nación. La medida busca respaldo en el Congreso sin comprometer el déficit fiscal, pero los mandatarios provinciales piden tiempo para evaluar los detalles.
El presidente Javier Milei anunció el «Régimen de Reparación Federal», un innovador sistema que permitirá a las provincias cobrar las deudas del Estado Nacional en «especies» —es decir, mediante la entrega de bienes y activos públicos en lugar de fondos en efectivo. La propuesta, acelerada en las últimas semanas, forma parte de la estrategia oficial para asegurar el respaldo de los gobernadores en el Congreso de cara al tratamiento del presupuesto y otros proyectos clave para el Ejecutivo.
El nuevo régimen ofrece a las provincias una alternativa a la coparticipación y otras deudas, que se saldarían con la entrega de terrenos, edificios, inmuebles y empresas públicas. Según fuentes oficiales, la medida permite que la Nación reduzca sus gastos al desprenderse de activos que generan déficit. “Es una solución que nos beneficia a todos”, sostienen desde la Casa Rosada.
En el diseño de este proyecto participaron funcionarios de alto nivel como Santiago Caputo, asesor presidencial; Guillermo Francos, de la Jefatura de Gabinete; y Lisandro Catalán, quienes llevaron adelante negociaciones con diversos gobernadores. Además, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABBE), liderada por Nicolás Pakgojz, tiene un rol fundamental en la disposición de los activos.
A partir de la fecha de implementación, las provincias tendrán 30 días hábiles para adherirse al régimen y otros 30 para presentar la documentación necesaria. Sin embargo, en los distritos provinciales algunos funcionarios expresaron dudas sobre la viabilidad de los tiempos y condiciones propuestos. «Queremos ver la letra chica», afirmaron fuentes del gobierno de Santa Fe, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mostró una postura más favorable hacia el plan.
Desde el Gobierno Nacional, la iniciativa fue interpretada en términos financieros, comparándola con un sistema de «clearing» o liquidación de obligaciones, donde ambas partes —Nación y provincias— se benefician al evitar flujos de efectivo. “Es como un clearing de bienes; en lugar de enviar fondos al Tesoro, entregamos directamente propiedades y evitamos pasivos que representan gastos para el Estado”, explicó un asesor presidencial.
Milei, por su parte, dejó en claro que las provincias no están obligadas a adherirse, pero instó a los gobernadores a mostrar “colaboración y creatividad” para resolver el problema de las deudas. A partir de este régimen, el Gobierno Nacional sostiene que podrá responder con esta solución cada vez que las provincias reclamen los pagos de coparticipación o deudas previsionales.
Si bien en muchos distritos el plan es objeto de análisis y aún no se han expuesto formalmente, fuentes cercanas al Presidente aseguran que las provincias que no adhieran a esta alternativa deberán “atenerse a las consecuencias”.
