Mientras el Gobierno Nacional impulsa un plan para que los argentinos declaren sus ahorros sin ser investigados, La Rioja es una de las doce provincias que no adhirió al convenio. Esto deja a los contribuyentes riojanos expuestos a la fiscalización de la provincia y a posibles reclamos por Ingresos Brutos.
El reciente «Plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos», lanzado por el Gobierno Nacional a principios de junio, ha generado un nuevo mapa fiscal en el país, dividiendo a las provincias entre las que colaboran con la Nación y las que, por ahora, han decidido mantenerse al margen. En este último grupo se encuentra La Rioja, una de las doce jurisdicciones que no ha suscrito al convenio de intercambio de información propuesto por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La medida oficial permite a los ciudadanos gastar o movilizar hasta $50 millones mensuales sin estar en el radar de la agencia nacional, un incentivo para que los «dólares del colchón» reingresen al sistema. Para garantizar esto, el Gobierno invitó a las provincias a firmar un acuerdo de cooperación, asegurando que los fiscos locales no utilicen esa información para sus propias fiscalizaciones.
Sin embargo, la decisión del gobierno riojano de no adherir deja a sus contribuyentes en una situación de incertidumbre y riesgo. ¿Qué significa esto en la práctica? Según los expertos citados en el análisis, como el contador Mariano Ghirardotti, los ciudadanos y empresas de La Rioja no gozan de la protección que ofrece el plan nacional.
Aunque la ARCA no los investigue por consumos de hasta $50 millones, el fisco provincial conserva intactas sus facultades de control. La Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) de La Rioja podría detectar movimientos de fondos que no se correspondan con la facturación declarada y, en consecuencia, exigir el pago del impuesto a los Ingresos Brutos sobre ese dinero no justificado.
Es un error pensar que sin el convenio la provincia queda a ciegas. Las administraciones tributarias provinciales, incluida la riojana, cuentan con herramientas potentes como los regímenes de retención y percepción bancaria. Cada vez que un contribuyente deposita dinero en su cuenta, el fisco provincial lo sabe y puede actuar. Lo mismo ocurre con los consumos importantes a través de tarjetas de crédito o la compra de bienes registrables.
Mientras provincias como Catamarca, San Juan o Tucumán han optado por sumarse a la red de cooperación federal, la negativa de La Rioja, junto a otros distritos importantes como Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe, abre un interrogante para los ahorristas locales que pensaban aprovechar el nuevo blanqueo encubierto. Por ahora, para los riojanos, sacar los dólares «de debajo del colchón» podría no tener el final reparador que promete la Nación, sino un encuentro cercano con el fisco provincial.
