Javier Milei rubricó el decreto que frena la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional, la «caja» que genera un conflicto con los gobernadores. Pese a la designación de un nuevo ministro del Interior para mejorar el diálogo, la medida tensa aún más la relación con distritos opositores como La Rioja, que no recibieron fondos en lo que va del año.
El presidente Javier Milei consumó una de las decisiones más esperadas y polémicas de la semana: vetó la ley que obligaba al Gobierno nacional a distribuir de forma automática los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida, que se esperaba hace días, fue oficializada en un contexto de promesas de diálogo con los gobernadores y la reciente designación de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior. Sin embargo, en lugar de un gesto de acercamiento, el veto se interpreta como un claro mensaje de que la Casa Rosada no cederá el control de esta herramienta política clave.
La Rioja, en la «lista negra»
La ley vetada, que había sido impulsada por los 24 gobernadores y aprobada por el Congreso, buscaba poner fin a la discrecionalidad con la que el Ejecutivo maneja estos fondos. Los ATN, que se nutren del 1% de la masa coparticipable y otros impuestos, fueron históricamente utilizados para asistir a las provincias en emergencias, pero también como una poderosa herramienta de negociación.
En lo que va de 2025, el Gobierno distribuyó de forma selectiva más de $84.000 millones a provincias consideradas «aliadas», como Misiones, Entre Ríos, Tucumán y Salta. En contrapartida, distritos opositores como La Rioja no han recibido un solo peso en concepto de ATN. El veto presidencial, lejos de solucionar este desequilibrio, lo reafirma y agudiza la tensión.
Diálogo de «toma y daca»
La jugada del Gobierno es un claro reflejo del doble juego que Milei busca mantener con los gobernadores. Por un lado, se re-jerarquizó el Ministerio del Interior y se busca una «mesa de diálogo». Por el otro, se veta una ley que los mandatarios provinciales consideran crucial para su autonomía financiera.
El argumento oficial es que la distribución automática afecta el equilibrio fiscal y contradice la finalidad original de los fondos, que son para atender emergencias de forma extraordinaria. No obstante, para los gobernadores, como Sergio Ziliotto de La Pampa, el veto es un «ataque al federalismo» y una forma del Gobierno de «apropiarse de recursos» que legítimamente pertenecen a las provincias. El futuro de la relación entre la Nación y los distritos, incluida La Rioja, dependerá ahora de si la oposición en el Congreso logra reunir los votos para insistir con la ley y, sobre todo, si la falta de fondos no termina de dinamitar cualquier intento de acuerdo.
