El ministro de Producción salió al cruce de la oposición y vinculó la resistencia a la reforma laboral con la vigencia del sistema electoral que irrita a la Casa Rosada. Por su parte, Ricardo Herrera advirtió que no tolerarán el «destrato» financiero de Nación mientras se debate el futuro de los trabajadores.
En el corazón de la política riojana, la pelea contra la reforma laboral dejó de ser una cuestión exclusivamente de leyes para transformarse en una batalla de modelos territoriales. El ministro de Producción, Ernesto Pérez, rompió la calma política al defender la Ley de Lemas como la herramienta clave que permite al peronismo local mantener un «gobierno cercano a la gente» frente a lo que describió como una Libertad Avanza (LLA) «escuálida» y sin anclaje real en la provincia.
Para Pérez, la insistencia de la oposición nacional en atacar el sistema electoral de La Rioja tiene una explicación simple: «con los videitos no alcanza». El funcionario sostiene que mientras el oficialismo provincial liderado por Ricardo Quintela prioriza la economía real y al ser humano, el esquema libertario carece de estructura para enfrentar un peronismo en movimiento. Esta defensa del esquema de lemas no es casual: se percibe como el blindaje institucional necesario para sostener las políticas de empleo y producción que hoy se sienten amenazadas por el Senado.
Herrera y el frente interno: Recursos por Derechos
Por otro lado, el flamante secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera, sumó presión al eje financiero. El funcionario, que recientemente dejó su banca nacional para integrarse al gabinete de Quintela, fue tajante al señalar que La Rioja está sufriendo un «destrato» histórico. Herrera alertó que el Presupuesto 2026 deja a la provincia sin el punto extra de coparticipación, una maniobra que vincula directamente con un intento de asfixia para forzar el acompañamiento a las reformas nacionales.
«No vamos a permitir que se vulnere a los trabajadores», aseguró Herrera, alineándose con la postura de que el ajuste no puede ser la moneda de cambio para la gobernabilidad. En los pasillos de la Casa de las Tejas, el mensaje es unívoco: no hay negociación posible si el costo es la precarización laboral y la eliminación de las indemnizaciones.
La Rioja, el último bastión contra el «genocidio laboral»
La senadora Florencia López reforzó esta línea argumental desde Buenos Aires, calificando la reforma como un «genocidio laboral» y una «trampa para las Pymes». Según la legisladora, el proyecto no generará empleo genuino, sino que profundizará la recesión al reducir el poder adquisitivo de los salarios, que son el motor del consumo interno.
López advirtió que el peronismo riojano «no tiene sensación de derrota» y que se trabajará en un bloque sólido para convencer a los gobernadores e indecisos de otras provincias. El argumento es económico y social: el Parque Industrial de La Rioja ya siente los efectos de los tarifazos y la apertura de importaciones; una flexibilización laboral sería, en sus palabras, el golpe de gracia para el sector privado local.
Con este escenario, la administración de Quintela busca demostrar que el federalismo no es solo una cuestión de fondos, sino de protección de derechos básicos, utilizando su fortaleza electoral interna para plantar bandera contra el rumbo que intenta imprimir el Gobierno nacional.
