La Rioja: ¿Resistencia federal o el laberinto de la precarización?

El gobernador rechaza las reformas de Milei mientras administra los salarios más bajos del país y sostiene a 30.000 trabajadores en la informalidad. Con ingresos mensuales de 100 millones de dólares, la provincia opta por el asistencialismo antes que por la inversión privada, transformando el discurso de soberanía en una fábrica de pobreza estructural.

Ricardo Quintela decidió que su plataforma hacia el Sillón de Rivadavia se construya sobre el pavimento de la confrontación total. En los pasillos de la Casa de las Tejas, el discurso es unívoco: La Rioja es el «último bastión» frente al avance libertario. Sin embargo, cuando se raspa la superficie de la retórica federal, queda a la vista una arquitectura de fragilidad social que el peronismo local perfeccionó desde 1983. La pregunta que recorre la política nacional es si esta pulseada beneficia a los riojanos o si es apenas el combustible para la ambición personal del «Gitano».

El rechazo tajante a la reforma laboral que el gobernador declama ante la CGT choca de frente con la realidad del recibo de sueldo riojano. Quintela se abroqueló contra una «modernización» que, según él, vulnera derechos, pero gestiona una provincia que sostiene a casi 30.000 trabajadores precarizados bajo figuras de becas, tutorías y programas de empleo informal. Es la paradoja riojana: combate la reforma en el Congreso, pero administra la informalidad en casa.

El mito del sueldo estatal y la licuadora riojana

Los números son crueles. La Rioja ostenta hoy los salarios públicos más bajos del país. Un empleado estatal en blanco percibe un promedio de 350 dólares mensuales, mientras que el universo de los precarizados sobrevive con 150 dólares.

Para ponerlo en perspectiva: La Rioja maneja mensualmente cerca de 100 millones de dólares entre la coparticipación federal y la recaudación propia. Si el Ejecutivo provincial decidiera formalizar a 60.000 empleados con un sueldo digno de 1 millón de pesos, el gasto total rondaría los 40 millones de dólares. El margen financiero existe, pero la decisión política mantiene la base de la pirámide en la subsistencia, alimentando una dependencia estatal que hoy parece irreversible.

El RIGI y la fantasía de las inversiones sin marco legal

La negativa a adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es otro eje de la «resistencia». El argumento oficial es la defensa de los recursos frente a la «voracidad extranjera». Sin embargo, el espejo de las provincias vecinas devuelve una imagen incómoda.

Mientras Salta y Catamarca proyectan inversiones mineras que promedian los 2.500 millones de dólares por proyecto, La Rioja se mantiene como una isla de estancamiento. El gobernador asegura que las inversiones llegan igual, pero en el sector privado formal la caída del empleo no se detiene. Sin un marco de seguridad jurídica, el capital huye hacia San Juan o la Puna, dejando a La Rioja como una «tierra arrasada» para el emprendedor que no quiere vivir del contrato público.

Un modelo que no se exporta

Quintela quiere ser la alternativa a Milei, pero para convencer al electorado nacional debe mostrar gestión. Con ingresos de indigencia y una economía privada asfixiada por los sueldos más bajos de la Argentina, el modelo riojano luce más como una advertencia que como una propuesta.

La resistencia a la reforma laboral suena a música para los oídos sindicales en Buenos Aires, pero en las calles de La Rioja se siente como el sostenimiento de un statu quo de pobreza estructural. El gobernador pregona un país que no construye en sus propios 90.000 kilómetros cuadrados. Si un botón basta de muestra, la prenda riojana hoy está descosida.

Por Eduardo Nelson German, periodista