Un informe de IDESA advierte que, aunque la modernización de las leyes de trabajo dinamizará el empleo formal, el desorden del sistema previsional requiere una cirugía mayor para ser sostenible. Las moratorias y regímenes especiales explican el grueso del aumento del gasto público.
La aprobación de la ley de modernización laboral en el Congreso se encamina a ser un hito de alta trascendencia para la gestión actual. Sin embargo, el entusiasmo oficial choca con una realidad técnica ineludible: los cambios en las normas de contratación, por sí solos, no podrán resolver el déficit crónico del sistema jubilatorio.
Según el último Informe Nacional de IDESA, la crisis previsional no es solo hija del estancamiento del empleo formal, sino de décadas de decisiones que acumularon «promesas financieramente incumplibles».
El peso del pasado: Moratorias y regímenes especiales
El desequilibrio del sistema se explica fundamentalmente por el crecimiento del gasto derivado de medidas oportunistas. Entre 2004 y 2024, el gasto público total aumentó 7,6 puntos del PBI, y una porción sustancial de ese incremento fue devorada por el sistema de seguridad social.
«El aumento del gasto previsional nacional y provincial representa 3 puntos del PBI en los últimos 20 años, impulsado por moratorias indiscriminadas y la proliferación de regímenes especiales».
Composición del aumento del gasto público (2004-2024)
| Componente del Gasto | Aumento en % del PBI | Impacto Relativo |
| Previsional Nacional | 2,2% | Principal motor del déficit. |
| Previsional Provincial | 0,8% | Presión sobre las cajas locales. |
| Resto del Gasto | 4,6% | Subsidios, programas y estructura. |
| Aumento Total | 7,6% | Brecha fiscal acumulada. |
Fuente: IDESA en base a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El riesgo de la «inflación legislativa»
Si bien la reforma laboral dará previsibilidad a las medianas y grandes empresas para contratar, el informe advierte que no contempla alivios específicos para las microempresas, donde se concentra la mayor informalidad. Además, existe el riesgo de que las justicias laborales provinciales distorsionen el espíritu ordenador de la nueva ley.
En La Rioja, este debate tiene un matiz particular. Mientras el empleo formal privado local sigue bajo estrés y el salario real de los trabajadores estatales cayó un 1,8% en diciembre, el costo de la estructura política sigue siendo elevado. Un concejal en la capital riojana representa un gasto anual de $596 millones, cifra que contrasta con la necesidad de un ordenamiento integral que garantice jubilaciones dignas sin quebrar al Estado.
La conclusión de los expertos es tajante: para que el «despegue» que espera el 66,7% de la población sea real, el liderazgo político debe avanzar en una reforma previsional que elimine privilegios y complemente solo a quienes realmente tengan riesgo de vulnerabilidad al jubilarse.
