La guerra declarada entre la Casa Rosada y la Casa de las Tejas sumó un nuevo y peligroso capítulo: la judicialización de la política. Lo que empezó como un cruce de declaraciones explosivas sobre la crisis del 2001 y los pronósticos sobre el mandato de Javier Milei, ahora descansa en los tribunales federales bajo la firma del fiscal Carlos Stornelli. Pero, ¿tiene esta embestida destino de condena o es pura pirotecnia política?
El contragolpe libertario: sedición y «golpismo»
La estrategia de Nación está a la vista. El domingo por la noche, Javier Milei utilizó la cadena nacional y la apertura de sesiones para tildar de «golpistas» a Ricardo Quintela y a la senadora Florencia López. La acusación del Presidente no flotó en el aire; vino a legitimar la denuncia penal que días atrás había presentado Stornelli, acusándolos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos y apología de la sedición.
El motivo formal fueron las declaraciones del Gobernador asegurando que el gobierno nacional «no debe llegar al 10 de diciembre de 2027» y las comparaciones con la caída de la Alianza. Para Milei, esto no es libertad de expresión, sino un plan articulado para desestabilizar su gestión.
La defensa riojana: «No hay delito, hay historia»
Frente a la artillería pesada que baja desde Comodoro Py, el gobierno provincial mandó a la cancha a su Asesor General, Pedro Goyochea, para desarmar la acusación. La línea argumental de La Rioja es clara: describir un contexto histórico y compararlo con el presente no es un delito.
Según la visión oficial, en las palabras de Quintela no hay ningún elemento subjetivo que incite a la población a levantarse contra el Presidente. Fue un análisis político (duro, sin dudas), pero que no configura los extremos de una acción delictual. Ahora, la pelota está en la cancha de la jueza María Servini de Cubría, quien deberá definir si archiva el expediente por falta de mérito o si le da curso a una investigación que mantendría al Gobernador riojano desfilando por los pasillos judiciales.
El blindaje constitucional y los fueros
Más allá de la discusión semántica sobre qué quiso decir Quintela, la Casa de las Tejas confía en un blindaje de orden mayor: la Constitución.
Por un lado, la senadora Florencia López cuenta con la inmunidad parlamentaria (los famosos fueros) que la protegen de este tipo de embates judiciales por sus opiniones políticas. Por el otro, Goyochea esgrimió un argumento de peso institucional: los gobernadores son «agentes naturales del Gobierno nacional». Intentar procesar a un mandatario provincial por sedición a través de declaraciones radiales es, desde la óptica riojana, una figura artificiosa que choca de frente con la autonomía y el rol de las provincias.
El verdadero juego de fondo
En el círculo rojo riojano saben que, avance o no la causa de Servini de Cubría, el daño que busca Nación es político. La denuncia de Stornelli y los gritos de «golpistas» de Milei buscan demonizar la figura de Quintela a nivel nacional, justo cuando el riojano intenta posicionarse como el líder de la resistencia del PJ. El tablero está marcado: Nación ataca por la vía judicial y mediática, y La Rioja se atrinchera detrás de los manuales de derecho constitucional.
