El gobierno de Ricardo Quintela cobró $18.353 millones adicionales frente al mismo mes de 2025, pero la mejora en pesos contrasta con una provincia que sigue en default, con el 86% de sus ingresos atados a los giros federales y con una participación relativa en el reparto nacional que se deterioró más que la de cualquier otra jurisdicción del país.
El gobierno de La Rioja percibió $95.012 millones en concepto de coparticipación federal de impuestos durante marzo de 2026, frente a los $76.659 millones recibidos en el mismo mes del año anterior. La diferencia nominal de $18.353 millones implica una suba del 23,9% interanual, una cifra que, a primera vista, sugiere una mejora en las finanzas provinciales. Sin embargo, cuando se la confronta con la inflación acumulada en ese período, con la gravedad de la situación fiscal riojana y con la pérdida estructural de participación en el reparto nacional, el dato adquiere una dimensión más compleja y menos alentadora.
Una mejora nominal en un contexto de fragilidad estructural
La variación porcentual interanual del 23,9% que registra La Rioja en marzo refleja, en parte, la recuperación general de la recaudación nacional, impulsada principalmente por el IVA neto —que representa aproximadamente el 55% de los fondos coparticipables— y por el Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación se vio potenciada por la restitución del tributo a la cuarta categoría en agosto de 2024 y el crecimiento de la masa salarial formal. El IVA neto es el principal motor de los recursos de origen nacional, al tiempo que las Ganancias muestran un incremento explicado por mayores retenciones a trabajadores en relación de dependencia tras la modificación del impuesto sobre la cuarta categoría.
No obstante, el aumento nominal no es sinónimo de recuperación real. La coparticipación acumula varios meses de caída en términos constantes a nivel nacional, y en 26 meses, la administración Milei acumuló recortes de transferencias automáticas y no automáticas a las provincias por el equivalente a U$S 18.500 millones. En ese escenario, el incremento riojano del 23,9% nominal debe leerse contra una inflación que, si bien desaceleró, sigue erosionando el poder de compra de cada peso transferido.
La provincia más dependiente del país
Lo que hace especialmente sensible el dato de marzo es el nivel de exposición de La Rioja a los vaivenes del sistema federal. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso elaborado con datos del Ministerio de Economía posiciona a La Rioja como la provincia con la mayor dependencia de los recursos de origen nacional: al cierre del primer semestre de 2025, el 86% de los ingresos totales de la provincia provienen de la coparticipación y otras transferencias federales.
Mientras La Rioja encabeza esa lista con el 86% de dependencia, provincias como Buenos Aires registran el 39%, Córdoba el 45% y Santa Fe el 39%. Esta brecha no es menor: significa que cada oscilación en la recaudación nacional —ya sea por una desaceleración económica, una reforma tributaria o una decisión política de Nación— impacta sobre La Rioja con una intensidad que no tiene equivalente en ninguna otra jurisdicción del país.
La caída estructural en la participación relativa
Más allá del número mensual, el trasfondo de largo plazo agrava el diagnóstico. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), entre 1993 y 2024 las únicas jurisdicciones que mejoraron su participación relativa en la distribución secundaria de los recursos fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, mientras que La Rioja resultó la más perjudicada.
La Rioja sufrió una pérdida del 18% de su participación, la caída más pronunciada del país, tras la eliminación de los envíos extraordinarios que recibía desde 1988 bajo la categoría de «extra coparticipables». Esos fondos, que durante décadas funcionaron como un complemento silencioso al coeficiente formal de la Ley 23.548, fueron eliminados en 2024 en el marco del ajuste fiscal del gobierno nacional, dejando a la provincia ante una reducción permanente de sus ingresos estructurales que ningún rebote nominal mensual puede compensar.
Default, tensión política y presión salarial
El contexto en el que llega este ingreso de marzo es el de una provincia que está en default desde 2024 y donde la retracción del gasto estatal impacta de tal manera en la actividad económica local que arrastra al conjunto de la economía provincial. El gobernador Ricardo Quintela enfrenta simultáneamente demandas salariales del sector público, el peso de una deuda provincial sin refinanciamiento a la vista y una relación tensa con el gobierno de Javier Milei, a quien ha señalado reiteradamente como responsable del deterioro fiscal.
En 2025 los gobernadores enfrentaron demandas salariales fuertes y hubo una suba real en esos sueldos y jubilaciones, con lo que se quedaron sin ahorros. En 2026 la situación es compleja y depende mucho del acceso a financiamiento, porque además se agrava la caída de la coparticipación y de los ingresos propios.
Un sistema que necesita reforma y no la tiene
El debate de fondo —la reforma del régimen de coparticipación que la Constitución de 1994 mandató antes de 1996 y que nunca se concretó— sigue sin resolverse. El IARAF concluye que la redistribución de fondos observada entre 1993 y 2024 deja en evidencia la necesidad de revisar el régimen vigente, aunque advierte que cualquier reforma deberá considerar no solo los ingresos, sino también las responsabilidades de gasto de cada provincia.
Para La Rioja, los $95.012 millones de marzo son una cifra concreta que llega a las arcas provinciales y permite, en el corto plazo, sostener la caja. Pero también son el recordatorio mensual de una dependencia que no se resuelve con transferencias automáticas, sino con un rediseño del federalismo fiscal argentino que ningún gobierno, ni provincial ni nacional, ha tenido la voluntad política de encarar.
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