Un decreto listo para publicarse en el Boletín Oficial fijará un tope de $400 mil millones en anticipos, a una tasa del 15%, muy por debajo del 30% al 45% que cobra el mercado. La medida llega mientras las transferencias automáticas caen un 6,4% real en el primer trimestre y las provincias acumulan una pérdida estimada de $1,15 billones.
El gobierno de Javier Milei tiene listo un decreto para habilitar adelantos de coparticipación a doce provincias que no pueden llegar a fin de mes sin endeudarse a tasas que oscilan entre el 30% y el 45% anual. La norma, que se publicaría en los próximos días en el Boletín Oficial, fija un tope de $400 mil millones en anticipos y establece una tasa del 15% para los fondos prestados, menos de la mitad de lo que cobra el sistema financiero privado. Es, en los hechos, un salvavidas fiscal que el Ejecutivo extiende a los distritos más comprometidos del interior argentino, justo cuando las transferencias automáticas encadenan su tercer mes consecutivo de caída real.
Las provincias alcanzadas por el mecanismo son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Entre Ríos ya había sido incluida en enero de 2026, en el marco de lo que desde el Gobierno describen como una práctica histórica de asistencia a las administraciones provinciales.
Cómo funciona el mecanismo
La operatoria es relativamente simple en su diseño. Las provincias deben informar de manera anticipada cuáles son sus necesidades de fondos, en lugar del tradicional pedido mensual de adelantos extraordinarios. El Gobierno nacional anticipa parte de los recursos que les corresponden por coparticipación —es decir, plata de ellas mismas— y las provincias deben reintegrarlos dentro del mismo año calendario.
La ventaja frente al mercado es concreta: en lugar de pagar entre el 30% y el 45% anual que cobran los bancos y fondos por créditos provinciales, los distritos acceden a una tasa del 15%. La diferencia, en un contexto de cajas flacas y gastos corrientes que no esperan, puede ser la diferencia entre un presupuesto que cierra y uno que no.
Desde el Gobierno señalan que el nuevo esquema busca también poner orden en las devoluciones, evitando el caos de reintegros descoordinados que caracterizó el sistema anterior y dotando de mayor previsibilidad al flujo de recursos entre la Nación y las provincias.
El contexto: tres meses de caída real y $1,15 billones perdidos
El decreto no llega en el vacío. Las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 4,3% en términos reales en marzo, cerrando el primer trimestre con una contracción del 6,4%. La consultora Politikon Chaco estimó que la pérdida acumulada en ese período equivale a $1,15 billones a precios actuales. Es plata que las provincias no recibieron y que no van a recuperar.
Los datos de ARCA confirman el cuadro: en marzo, las transferencias en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones sumaron $5,02 billones, un 27,2% más en términos nominales que un año antes. Pero descontada la inflación, el resultado es negativo. Si se excluyen las leyes especiales y compensaciones —que crecieron un 36% real y amortiguaron parcialmente la caída— y se toman solo las transferencias automáticas, el retroceso real llegó al 7,4%.
Para el primer trimestre, la recaudación tributaria nacional habría caído un 8% real interanual, según estimaciones del titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz. Los ingresos tributarios totales informados por ARCA al cierre de marzo registraron una baja real del 7,5% respecto al mismo período del año anterior.
Quién ganó y quién perdió en el reparto de marzo
El análisis por provincia muestra que todas las jurisdicciones salvo Salta terminaron el mes con menos recursos reales que en marzo de 2025. La excepción fue Salta, con un aumento real del 0,4%, la única provincia del país que salió ganando. En el extremo opuesto, la Ciudad de Buenos Aires registró la caída más pronunciada, del 7,2%, seguida por Tucumán y La Rioja, cuya mayor exposición negativa se explica por una menor participación en los fondos de leyes especiales y compensaciones que traccionaron el consolidado.
La brecha entre la provincia con mejor y peor desempeño fue de 7,6 puntos porcentuales, una disparidad que refleja que el sistema de distribución no impacta de manera uniforme y que las reglas de reparto de los fondos adicionales generan ganadores y perdedores que no siempre coinciden con las provincias más necesitadas.
La política detrás del decreto
La habilitación de adelantos de coparticipación a doce provincias simultáneamente no es una decisión puramente técnica. Varias de las jurisdicciones beneficiadas —entre ellas La Rioja, Chaco, Corrientes y Tucumán— son gobernadas por el peronismo y mantienen tensiones abiertas con el gobierno nacional por la distribución de recursos. Que el Ejecutivo extienda el mecanismo precisamente ahora, cuando la caída real de las transferencias acumula tres meses consecutivos y el malestar de los gobernadores crece, tiene una lectura política que el decreto no explicita pero que resulta difícil ignorar.
Para las provincias, el adelanto es un alivio inmediato pero no una solución estructural. Los fondos que reciban hoy deberán devolverlos antes de fin de año, en el mismo ejercicio presupuestario. Si la recaudación no se recupera y las transferencias siguen cayendo en términos reales, el problema volverá a aparecer. Con otros nombres, pero los mismos números.
El Gobierno de Milei habilitará adelantos de coparticipación para 12 provincias al borde del colapso fiscal: La Rioja, entre las beneficiadas
