Chilcal mantiene paralizados a 120 trabajadores con vacaciones anticipadas y espera una licitación para retomar la producción. El caso expone un problema más amplio: la provincia perdió 2.600 empleos privados formales en un año y su estructura productiva ofrece pocas alternativas para absorber a quienes quedan fuera de la industria.
La paralización de Chilcal no es un episodio aislado. Es otra señal del deterioro que atraviesa la actividad privada en La Rioja, donde la caída del consumo, el aumento de las importaciones y una estructura económica con escasa diversificación redujeron al mínimo el margen de maniobra de numerosas fábricas.
Según explicó el dirigente de la industria del vestido Gustavo Castro, Chilcal adelantó las vacaciones de sus 120 trabajadores mientras espera una ampliación de la licitación para fabricar uniformes destinados a la Policía de Santa Fe. Ese contrato permitiría sostener la actividad durante aproximadamente dos meses. Un mes atrás, la empresa había registrado unas 20 bajas entre sus plantas de Capital, Chilecito y Chepes.
La firma dejó de producir los tradicionales jeans Far West y redujo la confección de ropa de trabajo ante la falta de pedidos. La alternativa pasó a ser competir por uniformes de fuerzas de seguridad y organismos públicos. Pedidos que antes resultaban pequeños para una planta industrial hoy son aceptados porque cualquier volumen puede ayudar a conservar los puestos laborales.
Una caída que excede a una fábrica
El problema alcanza a todo el entramado productivo. Castro aseguró que ocho firmas del sector dejaron La Rioja durante los últimos dos años. Entre los antecedentes aparece el cierre de Textilcom en 2024, que eliminó alrededor de 140 empleos en la provincia, además de despidos y suspensiones en AlpaCladd, ENOD y otras plantas del Parque Industrial.
Los datos generales muestran la profundidad de la crisis. De acuerdo con registros del SIPA, La Rioja pasó de unos 30.000 asalariados privados formales en diciembre de 2023 a 27.400 un año después: perdió 2.600 puestos, una caída interanual del 8,6%, la más pronunciada del país en aquel período.
Una estructura productiva vulnerable
El retroceso tiene raíces estructurales. Buena parte del entramado fabril riojano nació bajo la promoción industrial establecida por la Ley 22.021 de 1979. Cuatro décadas después, textiles, confecciones y calzado continúan siendo actividades decisivas, pero dependientes del mercado interno, de beneficios fiscales y, cada vez más, de compras estatales.
A esa fragilidad se sumó un nuevo escenario nacional. Durante el primer trimestre de 2025 las importaciones textiles crecieron 87% en volumen frente al mismo período de 2024; en prendas, el aumento fue del 86%. En enero de ese año, el empleo registrado de textiles, confecciones, cuero y calzado ya acumulaba una caída interanual del 6,7% en todo el país.
La crisis también alcanzó a la construcción, afectada por la paralización de la obra pública. Esto reduce todavía más las posibilidades de reinserción de operarios industriales con décadas de antigüedad. En una provincia con un mercado laboral privado pequeño, el cierre de una fábrica no representa solamente una estadística: golpea el comercio, el consumo y los ingresos de familias enteras.
El reclamo salarial de los trabajadores rurales
A la crisis fabril se suma la incertidumbre en el empleo rural. Los delegados de UATRE en La Rioja, Omar Muga y Omar Cedrón, denunciaron demoras del Gobierno nacional en la homologación de acuerdos salariales ya firmados por empleadores y representantes gremiales. Según explicaron, el convenio correspondiente a la actividad aceitunera espera desde febrero, mientras que los aumentos para riego presurizado, peón general y producción porcina, con vigencia desde el 1 de julio, tampoco fueron publicados.
El sindicato advirtió que la demora impide que los trabajadores perciban las mejoras acordadas en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. También señaló que, una vez vencido el plazo para el pago de los haberes de agosto, intimará a las empresas que no abonen los incrementos retroactivos. Para UATRE, el atraso en las homologaciones agrava un escenario marcado por cierres, procedimientos preventivos de crisis y destrucción de puestos de trabajo.
Las licitaciones pueden aportar oxígeno, pero no reemplazan una política de desarrollo. El desafío de La Rioja es reconstruir competitividad sin abandonar a su industria y, al mismo tiempo, ampliar una economía privada que todavía no genera empleos suficientes para compensar cada fábrica que baja sus persianas.
