Operativos contra quienes cruzan semáforos en rojo, recuperación de espacios públicos, terrenos abandonados y sanciones por arrojar o quemar basura exponen una misma discusión: cómo hacer cumplir las normas sin ignorar la crisis social.
La escena se repite bajo distintas formas en la ciudad de La Rioja: motociclistas que avanzan con el semáforo en rojo, terrenos convertidos en basurales y personas que encuentran refugio en espacios abandonados. Detrás de cada episodio aparece un problema común: la dificultad para ordenar una capital que crece mientras se profundizan sus vulnerabilidades.
El municipio comenzó a desplegar inspectores en 20 intersecciones consideradas críticas. Según explicó la subsecretaria de Tránsito y Transporte, Carolina Dáscola, los lugares fueron seleccionados mediante información del Observatorio Vial. La ciudad posee más de 130 semáforos y los controles cambiarán de ubicación para evitar que pierdan efectividad.
La decisión tiene fundamentos. Un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, realizado en 2024 sobre 2765 automóviles y 2898 motos, determinó que el 23,9% de los motociclistas observados se adelantó con luz amarilla o cruzó en rojo. Entre los automovilistas, la proporción fue del 4,4%.
El relevamiento mostró además que el uso del casco entre conductores de motos cayó del 92,2% en 2022 al 78,2% en 2024. Entre los menores de 15 años transportados, apenas el 49% viajaba protegido. En los automóviles, sólo el 34,8% de los conductores utilizaba cinturón.
Cruzar con luz roja es una falta grave contemplada por la Ley Nacional de Tránsito 24.449. La Rioja todavía no cuenta con fotomultas: las infracciones son detectadas por agentes y juzgadas posteriormente por el Tribunal de Faltas.
Pero el orden urbano no se agota en el tránsito. El secretario general municipal, Gonzalo Busto, confirmó una intervención en San Nicolás de Bari y Monteagudo, donde varias personas dormían a la intemperie. Aseguró que se ofreció asistencia en un dispositivo del viejo hospital, aunque admitió que algunas se resistían a abandonar el lugar.
La respuesta expone un límite: limpiar un espacio resuelve la emergencia urbana, pero no necesariamente la situación de quienes lo ocupaban. Consumos problemáticos, falta de ingresos y ausencia de redes familiares requieren una intervención sostenida entre el municipio, Desarrollo Social y el sistema sanitario.
Algo semejante ocurre con los baldíos. El Ejecutivo analiza elevar progresivamente las multas a propietarios que no limpien o cierren sus terrenos. Busto planteó incluso que las sanciones podrían alcanzar el valor del inmueble. Sin embargo, una eventual pérdida de la propiedad no puede surgir automáticamente de una ordenanza: el artículo 17 de la Constitución exige sentencia fundada en ley o una expropiación por utilidad pública con indemnización previa.
A ese debate se sumó el concejal capitalino Pablo Herrera, quien presentó un proyecto para modificar el artículo 148 de la Ordenanza 452 y endurecer las sanciones contra quienes arrojen residuos en la vía pública o los quemen. La iniciativa eleva el máximo de 300 a 1.000 unidades fijas y prevé hasta 2.000 en caso de reincidencia.
Herrera afirmó que el municipio también buscará adherir a la Ley Nacional de Manejo del Fuego, ante el riesgo de que una quema de basura se extienda hacia viviendas, propiedades privadas, bosques o montes. El proyecto será debatido en comisión antes de llegar al recinto del Concejo Deliberante.
El edil propuso además articular con el 911 e Internet para Todos una herramienta que permita denunciar las faltas mediante fotografías o videos, con resguardo de la identidad del vecino. También recordó que los restos de poda y escombros pueden llevarse al centro de transferencia del autódromo, abierto de lunes a sábado.
La Rioja enfrenta así una discusión más profunda que una campaña de multas. El desafío consiste en recuperar la autoridad sobre el espacio público sin convertir la pobreza en una contravención y sin confundir firmeza con arbitrariedad. Una ciudad ordenada necesita controles, pero también datos públicos, prevención y respuestas sociales capaces de llegar antes que el inspector.
