El gobernador Ricardo Quintela ordenó que la distribuidora Edelar no pague la energía adquirida a Cammesa, lo que desató una crisis en la cadena de pagos del sistema eléctrico nacional. Cammesa presentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema para revertir la medida, que afecta a otras provincias y distribuidoras que sí cumplen con sus obligaciones.
El conflicto entre la provincia de La Rioja y el gobierno nacional alcanzó un nuevo nivel tras la decisión del gobernador Ricardo Quintela de detener los aumentos en las tarifas eléctricas y ordenar que la distribuidora provincial, Edelar, no pague la energía adquirida a Cammesa, la empresa encargada del despacho de energía en todo el país. La medida, implementada a través del Decreto 370 y la resolución 133 del Ente Regulador de Servicios Públicos provincial en abril de este año, generó una respuesta inmediata por parte de Cammesa, que solicitó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia.
El vicepresidente de Cammesa, Mario Cairella, presentó el recurso ante el máximo tribunal para anular las resoluciones de Quintela, argumentando que esta decisión pone en riesgo la integridad financiera del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y genera una situación de desigualdad frente a otras provincias y distribuidoras que sí cumplen con sus pagos. Según fuentes del sector, la maniobra de La Rioja busca evitar el traslado de los aumentos en el Precio Estacional de la Energía a los usuarios residenciales, a pesar de que estos valores fueron fijados por el Ministerio de Economía, liderado por Luis ‘Toto’ Caputo.
La falta de pago de Edelar no solo amenaza la operatividad del sistema eléctrico, sino que también genera una dependencia del Tesoro Nacional para cubrir los costos no abonados, lo que agrava el déficit fiscal y contribuye a la inflación. Además, fuentes cercanas a la empresa señalaron que la distribuidora provincial, dirigida por el hijo del gobernador, ha buscado sumar a su patrimonio los fondos que deberían destinarse al pago de la energía adquirida.
La situación de La Rioja es vista como una provocación hacia otras provincias que sí han acatado las políticas tarifarias del gobierno de Javier Milei. La Corte Suprema tendrá ahora la responsabilidad de decidir si anula las medidas de Quintela, lo que podría sentar un precedente en la defensa del sistema eléctrico nacional.
