Gobernadores, en pie de guerra por la coparticipación: Quintero, ministro de Hacienda riojano, advirtió que el reclamo por más recursos llegará al Congreso.
El gobernador Ricardo Quintela anunció una nueva recomposición salarial para los empleados estatales de la provincia, que se aplicará a partir del 1° de agosto y se percibirá con los sueldos de septiembre. El anuncio, realizado en el Superdomo durante un acto de entrega de móviles y el ingreso de nuevos efectivos de seguridad, cobra particular relevancia al darse un mes antes de las elecciones legislativas provinciales y nacionales, previstas para octubre.
La medida busca paliar la fuerte pérdida de poder adquisitivo en un contexto de deterioro económico y, al mismo tiempo, podría tener un impacto en el clima preelectoral.
«Estamos trabajando en una mejora que contemple a todos los sectores, aunque cada uno tenga su propio régimen: la Policía, el Ejército, la Justicia, la Educación… Por eso, buscamos compatibilizar los aumentos para que sean similares, pero adecuados a las particularidades de cada sistema», explicó Quintela. El mandatario aclaró que el incremento impactará en el sueldo básico de forma progresiva y no será retroactivo. Los detalles finales se conocerán en los próximos días, tras las conversaciones técnicas con los gremios.
Mientras tanto, el gobierno provincial insiste en su reclamo por una mayor asistencia financiera por parte de la Nación, un tema que escaló a nivel nacional.
Guerra de números: El superávit de Milei, ¿con la plata de las provincias?
La reunión de ministros de Hacienda provinciales con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, en el marco del Consejo de Responsabilidad Fiscal, terminó sin acuerdo y con duras críticas de las provincias hacia la administración central. Jorge Quintero, ministro de Hacienda de La Rioja, fue contundente: «No hubo una propuesta de Nación. No se planteó siquiera una posibilidad de avanzar en otro sentido. La reunión se limitó a exponer la postura del Gobierno, que sigue siendo la de sostener el equilibrio fiscal tal como lo vienen haciendo».
El eje del conflicto radica en la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la retención de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Las provincias exigen que el impuesto a los combustibles se distribuya automáticamente, pero Nación se niega, argumentando que si se coparticipa ese tributo, las provincias deberían hacerse cargo del mantenimiento de las rutas nacionales. «Se deja ver la idea de que, si se coparticipa el impuesto, también nos correspondería hacernos cargo de los costos viales. Es una mirada que complejiza el debate y que no resuelve la cuestión de fondo, que es cómo lograr una distribución más equitativa», analizó Quintero.
La indignación provincial crece al considerar que el «superávit» fiscal nacional, del que tanto se jactan el ministro Luis Caputo y el presidente Javier Milei, se lograría a costa de fondos que, por ley, corresponden a las jurisdicciones. «Guberman (Carlos, Secretario de Hacienda) fue claro en este punto. Dijo que la nación tiene equilibrio fiscal. Pero deja entrever que sus metas fiscales se alcanzan con recursos que no se están distribuyendo, como los Aportes del Tesoro Nacional o con fondos que no se están ejecutando o están subejecutados por fideicomisos de asignaciones específicas. Esto es algo que nos preocupa a todas las provincias», sentenció Quintero.
En la misma línea, Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe, no dudó en calificar el superávit como «trucho»: «Los ATN son recursos que vienen de la masa coparticipable y tienen como destino a las provincias; cuando un estado nacional recauda ATN y no distribuye, lo que está contabilizando es un superávit por el retraso del envío a las provincias, por lo tanto, está generando un superávit con plata de las provincias». Desde La Pampa, Guido Bisterfeld calificó la postura oficial como un “sincericidio”: “Quedó en evidencia que el equilibrio fiscal se logra reteniendo recursos provinciales. Si los ATN volvieran a su destino, las cuentas nacionales se revertirían”.
Ante la falta de respuestas, los ministros provinciales se trasladaron al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para delinear una propuesta legislativa común. El objetivo es llevar el reclamo al Congreso de la Nación y establecer criterios objetivos para la distribución de fondos que hoy se manejan con discrecionalidad. «La reunión nos dejó en claro que no habrá avances si no se formaliza un planteo institucional más amplio», concluyó Quintero, dejando en claro que la «guerra de los fondos» recién comienza.
