La Rioja incumplió un nuevo pago del “Bono Verde” por 51 millones de dólares, extendiendo una situación que la mantiene en default desde febrero de 2024. El gobernador Ricardo Quintela ratificó que priorizará los salarios de los estatales antes que a los bonistas. Un repaso por los detalles de un conflicto financiero que, por ahora, no tiene solución a la vista.
El pasado viernes 22 de agosto, La Rioja oficializó un nuevo capítulo en su conflicto con los bonistas: la provincia informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no pagaría un vencimiento de 51 millones de dólares, manteniendo así su estado de default, una condición que enfrenta desde febrero de 2024. A diferencia de otras provincias que lograron reestructurar sus pasivos, La Rioja es, en este momento, la única en esta situación de incumplimiento de pagos.
El gobernador Ricardo Quintela fue contundente en su postura. Al ser consultado por la prensa, reafirmó su decisión de priorizar el pago de salarios a los trabajadores públicos por sobre la deuda. En este marco, calificó a los tenedores de bonos como «fondos buitres», dejando clara su posición ante el reclamo de los acreedores. Sin embargo, no cerró las puertas a una negociación, y expresó su disposición para reestructurar la deuda en términos que la provincia pueda afrontar.
El origen de la deuda y sus consecuencias
La mayor parte de la deuda externa riojana, que asciende a 318 millones de dólares, se originó con la toma del empréstito del “Bono Verde”. El destino público de estos fondos era la construcción del parque eólico provincial. En el momento en que se contrajo la deuda, el dólar se cotizaba a $18, una cifra muy lejana a los $1.370 actuales. Esta devaluación exponencial ha hecho que la deuda, medida en moneda local, crezca de forma desproporcionada y se vuelva impagable con los recursos provinciales.
A pesar de llevar casi dos años en default, el gobierno de La Rioja destaca que hasta ahora la situación no ha generado consecuencias directas. La provincia no sufrió embargos sobre sus bienes ni el día a día económico se vio alterado. La Rioja no está buscando financiamiento internacional y, por el momento, no hay acciones judiciales que amenacen sus bienes o recursos.
Sin embargo, hay una situación que genera incertidumbre. Recientemente, las autoridades del Parque Eólico informaron haber enviado remesas al gobierno provincial por un total de 50 millones de dólares. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno riojano no ha informado el destino de esos recursos, lo que genera interrogantes sobre la gestión de fondos en un contexto de incumplimiento de pagos.
