El último informe del IARAF revela una preocupante baja real del 11,4% en los fondos que recibe la provincia, en un contexto de retracción generalizada en todo el país.
La economía riojana enfrenta un nuevo desafío ante la drástica reducción de las transferencias automáticas por parte del gobierno nacional. Según el reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) correspondiente a septiembre de 2025, la provincia de La Rioja sufrió una caída real interanual del 11,4% en los fondos recibidos en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Este porcentaje la ubica entre las jurisdicciones más afectadas por el ajuste, superando incluso el promedio nacional de -10,3%.
Si bien a nivel general las transferencias nacionales automáticas totales habrían caído un 10% real interanual en septiembre, la situación se agrava en La Rioja. Apenas se salva de ser la peor parada, solo superada por Córdoba (-12,7%) y Santa Fe (-12,8%). Este descenso se explica, fundamentalmente, por la baja en la recaudación del Impuesto a los Bienes Personales y la contracción en tributos como el IVA y los impuestos internos.
En el acumulado de los primeros nueve meses del año, la provincia de La Rioja registra un incremento real interanual del 1,2% en las transferencias automáticas, alcanzando los $845.293 millones. Sin embargo, la tendencia de septiembre, si se sostiene en los próximos meses, podría revertir esta tenue recuperación y profundizar la preocupación en las arcas provinciales. La dependencia de La Rioja de los fondos nacionales es un factor clave en su estructura económica, y cualquier recorte significativo impacta directamente en la capacidad de la administración local para financiar servicios públicos e inversiones.
La administración provincial deberá afinar el lápiz y buscar alternativas para afrontar este escenario, que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera a corto y mediano plazo. La caída en la coparticipación neta y el impacto de la desaceleración económica a nivel nacional obligan a repensar estrategias y prioridades en un contexto de creciente incertidumbre para las provincias.
