El inicio de 2026 confirma un escenario de asfixia para la provincia. La coparticipación perdió casi 7 puntos contra la inflación en enero, mientras la economía real cruje con una destrucción del 70% del empleo en la construcción y un desplome en el consumo de gasoil. En este contexto de fragilidad, el gobierno enfrenta una auditoría clave de sus acreedores internacionales.
El semáforo financiero de La Rioja arrancó el 2026 en rojo. La combinación de una merma en los recursos federales, una recesión que no encuentra piso en sectores estratégicos y la presión de los mercados internacionales configura un escenario de «tormenta perfecta» para la administración provincial. Los datos de enero y el cierre de 2025 revelan una crisis de ingresos y actividad que limita el margen de maniobra política.
1. El ajuste llega por los ingresos: la licuación de la Coparticipación
El primer golpe al tablero de control provincial provino de las transferencias automáticas. En enero de 2026, La Rioja recibió $ 112.346 millones por Coparticipación y leyes especiales. Aunque nominalmente la cifra implica un aumento del 23% respecto al mismo mes del año anterior, la realidad inflacionaria borró cualquier mejora.
En términos reales, los ingresos federales de la provincia sufrieron una caída del 6,8% interanual. El dato es alarmante porque revierte la tendencia de recuperación que se había insinuado en 2025 y deja al Estado provincial con menos poder de fuego para afrontar gastos corrientes en un contexto social delicado.
El desglose muestra que el corazón de la recaudación, la Coparticipación Federal de Impuestos, cayó un 8,0% real, arrastrada por la baja performance del IVA y Ganancias a nivel nacional.
2. Economía real: una provincia con menos obras y menos combustible
Mientras la caja se achica, la economía privada muestra signos de parálisis severa. Dos termómetros de la actividad productiva —la construcción y la venta de combustibles— marcan temperaturas de congelamiento.
- El colapso de la construcción: La Rioja se consolidó como la provincia más castigada del país en este rubro. Según los datos a noviembre de 2025, el empleo registrado en el sector se derrumbó un 71,2% en comparación con noviembre de 2023.La cifra absoluta impacta: en toda la provincia apenas quedan 710 puestos de trabajo formales en la construcción. La paralización de la obra pública y la falta de inversión privada han desmantelado la capacidad empleadora del sector.
- Freno en la logística y el transporte: El consumo de combustible, indicador clave del movimiento económico, también retrocedió. En diciembre de 2025, las ventas al público cayeron un 4,3% interanual.El dato más preocupante para la producción es el comportamiento del gasoil común, utilizado por el transporte de cargas y la maquinaria agrícola: sus ventas se desplomaron un 16,8%. Esto sugiere una menor circulación de bienes y una contracción en la actividad industrial y productiva local.
3. El frente externo: los acreedores exigen cuentas claras
En medio de la restricción doméstica, la provincia debe rendir examen ante sus prestamistas internacionales. El próximo 11 de febrero de 2026, el Gobierno enfrentará una asamblea de tenedores de sus Títulos de Deuda Clase II (por un valor nominal de USD 49 millones).
La convocatoria no fue un trámite de rutina: fue solicitada por inversores que concentran el 99,9% de la tenencia. La cita será en el Parque Eólico Arauco I, una locación elegida estratégicamente para que los acreedores verifiquen in situ el avance de las obras que garantizan el repago del bono.
El orden del día es riguroso: se revisará el estado de los parques eólicos Arauco II y III, el parque solar, y se exigirá un detalle pormenorizado sobre la aplicación de los fondos y el flujo de dinero de la garantía.
Conclusión: administrar la escasez
La Rioja inicia el año atrapada en una pinza financiera. Por un lado, la licuación de recursos coparticipables le quita aire para sostener el gasto público. Por otro, la depresión económica interna —con una construcción virtualmente paralizada y caída del consumo— impide que el sector privado actúe como amortiguador social. Sumado a la vigilancia estricta de los acreedores externos, el margen de error para la gestión provincial es prácticamente nulo.
