Sergio Casas y Gabriela Pedrali cuestionaron con dureza la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil. Advirtieron que la medida traslada responsabilidades a las provincias sin enviar los fondos correspondientes y criticaron el enfoque «punitivo» de la gestión de Javier Milei.
La Cámara de Diputados de la Nación fue escenario de un intenso debate que terminó con la media sanción del proyecto para establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que busca bajar la edad de imputabilidad, encontró una férrea resistencia en los representantes de Unión por la Patria de La Rioja, quienes manifestaron que la ley no ataca las causas estructurales de la delincuencia.
El exgobernador y actual diputado nacional, Sergio Casas, fue tajante al definir la postura del oficialismo nacional. Según el legislador, la normativa propuesta «no resuelve el problema de fondo», sino que se limita a «ampliar el castigo y bajar la edad de persecución».
«Votar a favor es elegir más encierro en vez de más educación, más salud y más oportunidades. El Gobierno decide expandir el poder punitivo; nosotros elegimos inclusión, Estado presente y Justicia Social. Ahí está la diferencia», sentenció Casas a través de sus redes sociales.
Una política «inviable» para las provincias
Por su parte, la diputada Gabriela Pedrali puso el foco en la falta de federalismo de la medida y en la inviabilidad técnica que, según su visión, representa para las jurisdicciones del interior. Pedrali calificó la política de «mano dura» como una estrategia «sin planificación» que busca desligar al Estado Nacional de sus obligaciones básicas.
«Es una política inviable que además traslada mayores obligaciones a las provincias pero sin un presupuesto acorde y efectivo para implementarla», denunció la legisladora riojana. Para Pedrali, el Ejecutivo Nacional se «corre de sus responsabilidades» sin ofrecer soluciones reales ni serias a la problemática de la seguridad y la juventud.
El impacto en La Rioja
La preocupación de los legisladores radica en que, de convertirse en ley, la provincia de La Rioja debería absorber el costo operativo de las nuevas estructuras de detención y los procesos judiciales para menores, en un contexto de fuerte recorte de transferencias discrecionales desde la Casa Rosada hacia el distrito que gobierna Ricardo Quintela.
Con la media sanción obtenida en la Cámara Baja, el debate se trasladará ahora al Senado, donde los representantes riojanos buscarán insistir en la necesidad de partidas presupuestarias específicas que garanticen que la reforma no se convierta en una carga financiera insostenible para las arcas provinciales.
