El sitio oficial de Hacienda provincial solo tiene disponible información hasta el tercer trimestre de 2025. Los datos del segundo trimestre revelan que el gasto en personal representó el 52,4% del total ejecutado. Pero hay un dato que agrava el cuadro: el gobierno nacional condicionó expresamente la liberación de fondos a la provincia a la presentación de información presupuestaria actualizada, un requisito que La Rioja no cumplió.
La Rioja tiene una deuda con la transparencia fiscal que los números vuelven imposible de ignorar. El portal oficial del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas provincial muestra, al 7 de abril de 2026, que la última ejecución presupuestaria publicada corresponde al tercer trimestre de 2025. No hay datos del cuarto trimestre del año pasado. No hay datos de 2026. El silencio informativo lleva más de seis meses y ocurre en el peor momento posible: cuando la provincia más necesita demostrar que administra sus recursos con orden.
La Nación puso la transparencia como condición para girar fondos
El dato que transforma este problema técnico en un escándalo político tiene nombre y alcance preciso. En el marco de las negociaciones por el adelanto de coparticipación federal de $95.000 millones que el gobierno de Ricardo Quintela reclamó a la Casa Rosada, el gobierno nacional estableció una condición explícita: La Rioja debía presentar información presupuestaria actualizada y completa como requisito previo para la liberación de los fondos.
El pedido no fue caprichoso ni arbitrario. Se inscribe directamente en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal —Ley Nacional N° 25.917— al que La Rioja adhirió mediante su propia Ley Provincial N° 7763, y cuyo Decreto Reglamentario N° 1731/04 establece con precisión las obligaciones de reporte periódico que deben cumplir todas las provincias adheridas. Informar es, literalmente, una obligación legal que La Rioja asumió por decisión propia.
El gobierno provincial respondió al pedido con silencio administrativo. La ejecución presupuestaria que debería estar publicada no apareció. Los fondos, en ese contexto, tampoco llegaron en los términos acordados. El acuerdo se cayó. Y la provincia quedó atrapada en una paradoja de su propia construcción: reclamaba recursos que la Nación condicionaba a una transparencia que el propio gobierno de Quintela no estaba dispuesto —o no estaba en condiciones— de garantizar.
Lo que dice la ley y lo que hace la provincia
El Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal tiene un propósito explícito: establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de mayor transparencia a la gestión pública. La Administración Pública No Financiera Provincial que debe reportar incluye la Administración Central, EUCOP, la Administración Provincial de Radio y Televisión Riojana, AJALaR, Vialidad, Vivienda y Urbanismo y el Instituto Provincial del Agua (IPALaR), entre otros organismos.
La brecha entre la obligación legal y la práctica concreta es, por sí sola, el primer dato político de esta historia. Y en el contexto de una provincia que denuncia ante la opinión pública nacional la retención discrecional de fondos por parte del gobierno de Javier Milei, esa brecha se convierte en un boomerang de proporciones considerables.
El mapa del gasto: el personal se lleva más de la mitad
Los últimos números con detalle completo disponibles —la ejecución acumulada al segundo trimestre de 2025, base devengado— permiten radiografiar la estructura del gasto provincial. El total ejecutado por la Administración Pública No Financiera Provincial acumulado a junio de 2025 ascendió a $631.510,59 millones.
De ese total, $330.886,44 millones correspondieron exclusivamente a gasto en personal: el 52,4% del presupuesto total ejecutado. De cada dos pesos que el Estado riojano gastó en el primer semestre de 2025, uno fue a pagar sueldos.
El peso del personal se concentra en dos sectores. Los Servicios Sociales ejecutaron $220.970,15 millones en personal, con la Educación elemental como rubro dominante con $149.584,97 millones en salarios docentes y no docentes, seguida por Salud con $61.788,62 millones. La Administración Gubernamental insumió $60.602,38 millones en personal, y los Servicios de Seguridad demandaron $42.182,29 millones entre Policía y sistema penitenciario.
La Inversión Real Directa —obra pública concreta, infraestructura, equipamiento— apenas alcanzó $34.693,89 millones, poco más del 5,4% del gasto total. En un territorio con las carencias de infraestructura que Quintela mismo reconoce públicamente, el dato es elocuente.
La deuda pública: presente pero acotada en el registro disponible
El rubro Deuda Pública registró una ejecución devengada de $3.914,67 millones en el primer semestre de 2025, correspondientes en su totalidad a intereses y gastos financieros. La cifra debe leerse en el contexto de una provincia que mantiene un proceso de default en los tribunales federales de Massachusetts con bonistas internacionales, negocia simultáneamente adelantos de coparticipación y acumula —según el propio Quintela— más de 1.300 millones de dólares en transferencias nacionales retenidas.
El círculo que se cierra
La secuencia completa de este problema tiene una lógica implacable. La Rioja no publica su ejecución presupuestaria con la periodicidad que la ley exige. La Nación condiciona la liberación de fondos a esa transparencia. La provincia no cumple el requisito. Los fondos no llegan. El gobernador sale a denunciar públicamente que la Nación le retiene recursos. Y los ciudadanos riojanos —que son quienes financian con sus impuestos tanto al Estado provincial como al nacional— no tienen acceso a los datos que permitirían evaluar si el dinero que existe se está administrando con criterio.
La opacidad fiscal no es un problema técnico de sistemas informáticos ni de demoras administrativas. En un año en que Quintela protagonizó un conflicto de máxima visibilidad con el gobierno de Milei precisamente por el manejo de los fondos provinciales, la decisión de no publicar los números es, ante todo, una decisión política. Y sus consecuencias, como lo demuestra la caída del acuerdo por los $95.000 millones, son también rigurosamente políticas.
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