La Fiscalía de Estado provincial se presentó ante la Cámara Federal de Córdoba para defender los intereses del Estado riojano en la causa que la Asociación de Maestros y Profesores mantiene abierta contra el Ministerio de Educación nacional desde hace casi una década. El expediente está en estudio de la Sala A y la provincia llega en un momento clave del proceso.
Un viejo litigio educativo vuelve a poner a La Rioja en el centro de la escena judicial federal. La Fiscalía de Estado de la provincia se presentó formalmente ante la Cámara Federal de Córdoba, Sala A, para reclamar participación en la causa que la Asociación de Maestros y Profesores mantiene activa contra el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación bajo el expediente 31370/2016, caratulado «Reclamos Varios».
La representación provincial quedó a cargo de la Dra. Leticia Juárez Manfredini, funcionaria letrada de la Fiscalía de Estado, quien se presentó en sustitución de la Dra. Vilma Noemí Ghiano —quien ya no desempeña funciones en el organismo— y acreditó su personería mediante el Poder General para Juicios y Asuntos Administrativos otorgado por el Fiscal de Estado provincial, Dr. Segundo Emilio Rodríguez, ante la Escribana General de Gobierno, Silvina Castro. El instrumento fue suscripto el 31 de enero de 2024.
La Sala A de la Cámara Federal cordobesa, presidida por la Dra. Graciela S. Montesi, aceptó la participación y ordenó notificar a la letrada en su domicilio electrónico, con los autos principales en pleno estudio del tribunal. La resolución data de marzo de 2026 y fue notificada formalmente el 7 de abril del corriente año.
El dato de fondo es el que más pesa: la causa tiene origen en 2016, lo que significa que la Asociación de Maestros y Profesores lleva casi diez años litigando contra el Estado nacional por reclamos que, en el lenguaje del expediente, figuran como «varios» pero que en la práctica refieren a condiciones salariales y laborales del sector docente. Una década de expediente federal es, en sí misma, una medida de la complejidad del conflicto y de la dificultad para arribar a una solución extrajudicial.
La decisión del Estado Provincial de ingresar ahora al proceso —con la causa en plena etapa de estudio por parte de la Sala— sugiere que La Rioja considera que el desenlace del juicio puede afectar directamente sus intereses presupuestarios o sus obligaciones en materia educativa. La Fiscalía de Estado tiene como mandato constitucional —artículo 189 de la Constitución Provincial— la defensa de los derechos e intereses tanto públicos como privados del Estado riojano, incluyendo la protección del patrimonio fiscal.
El caso aterriza en un contexto en que las tensiones entre las provincias y el gobierno nacional de Javier Milei en materia de financiamiento educativo —fondos de infraestructura, salario docente, transferencias— están en su punto más alto. La Rioja, que depende de manera estructural de la coparticipación federal y de los aportes nacionales para sostener su presupuesto, no puede darse el lujo de mantenerse al margen de ningún expediente que involucre recursos destinados a la educación.
El próximo movimiento lo tiene la Cámara Federal de Córdoba.
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