Este miércoles se celebró ante el máximo tribunal de la Nación una audiencia en el expediente que la cadena de electrodomésticos inició en 2018 contra la Provincia. Las partes descartaron un acuerdo y el caso avanza hacia sentencia. La Rioja acumula así un nuevo frente judicial de gravedad institucional en Buenos Aires.
Hoy, 8 de abril de 2026, a las 11:00 horas, se realizó ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una audiencia en el expediente CSJ 430/2018, caratulado «Cetrogar S.A. c/ La Rioja, Provincia de s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad y Repetición». El resultado fue contundente: las partes manifestaron que no es posible arribar a una conciliación y el proceso avanza hacia su etapa de alegatos y eventual sentencia definitiva.
La audiencia fue labrada por el secretario letrado de la Corte Suprema Enrique L. Gregorini, con la comparecencia del doctor Lucas Alfredo Gutiérrez en representación de Cetrogar S.A., y de la doctora Patricia Marcela Franchini como letrada patrocinante de la Provincia de La Rioja, que quedó formalmente presentada en los términos del artículo 48 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Además, la parte actora desistió de la prueba pericial contable que había ofrecido oportunamente, y el tribunal dispuso correr traslado a las partes por diez días para que se expidan sobre la cuestión debatida.
Una causa que viene desde 2018
El expediente tiene una historia larga. Cetrogar S.A., una de las cadenas de electrodomésticos con fuerte presencia en el interior del país, presentó en 2018 ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad y repetición contra la Provincia de La Rioja, cuestionando la aplicación de tributos provinciales que la empresa considera incompatibles con la Constitución Nacional y el régimen de coparticipación federal.
La Corte aceptó su competencia originaria en la causa —es decir, actúa como tribunal de primera y única instancia— mediante resolución del 26 de noviembre de 2024, firmada por los cuatro ministros del tribunal: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti. En esa resolución, el máximo tribunal corrió traslado de la demanda a la Provincia por 60 días, ordenó notificar al Gobernador y al Fiscal de Estado a través del juez federal de La Rioja, y comunicó la apertura de la causa a la Procuración General de la Nación.
La aceptación de competencia originaria no es un dato menor: significa que la Corte Suprema consideró que el caso involucra una cuestión constitucional de suficiente entidad como para ser resuelta directamente por el máximo tribunal, sin pasar por instancias inferiores.
Repetición: la Provincia podría tener que devolver lo cobrado
El objeto de la demanda combina dos pretensiones. La acción declarativa de inconstitucionalidad busca que la Corte declare que determinada normativa tributaria provincial viola la Constitución Nacional. La acción de repetición apunta a que, una vez declarada esa inconstitucionalidad, la Provincia devuelva las sumas que Cetrogar habría pagado de más en concepto de ese tributo.
Si la Corte falla a favor de la empresa, La Rioja no solo deberá dejar de aplicar el impuesto cuestionado sino también reintegrar lo recaudado en exceso, con los intereses correspondientes. En un contexto de severo ahogo financiero provincial, una condena de ese tipo tendría consecuencias presupuestarias significativas.
La Rioja, bajo la lupa del máximo tribunal en múltiples frentes
La audiencia de hoy se produce en un momento en que la Provincia acumula una cantidad inusual de causas abiertas ante la Corte Suprema. Como informó eduardogerman.com en esta misma edición, el tribunal ya tiene en su Vocalía N° 3 dos expedientes por la expropiación sin indemnización del Golf Club La Rioja —los casos Almarza y Castro Videla— y ahora suma este proceso tributario en competencia originaria.
El cuadro que emerge es el de una provincia que litiga simultáneamente en el frente de los derechos de propiedad, el derecho expropiatorio y el derecho tributario, todo ante el mismo tribunal y en el mismo momento político. Para el gobierno de Ricardo Quintela, que atraviesa además tensiones fiscales con la Nación y un default en sus bonos internacionales, la acumulación de frentes judiciales en Buenos Aires agrega una presión institucional que difícilmente pueda ignorarse de cara al ciclo electoral 2027.
El expediente CSJ 430/2018 entra ahora en su etapa final. La Corte Suprema tendrá la última palabra.
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