En una semana que condensa meses de tensiones, La Rioja negocia un adelanto de $85.000 millones con una Nación que exigía adhesión al RIGI, boleta única y apoyo a la Ley de Glaciares. Pero Casas, Aguirre y Pedrali votaron en contra de la reforma glaciar, dejando el acuerdo financiero en zona de incertidumbre. Mientras tanto, el peronismo abre el debate sobre cómo elegir su candidato a gobernador, Rejal no descarta serlo, y Quintela avanza junto a Kicillof en un armado nacional mientras la Justicia archiva la causa que lo acusó de sedición. Todo al mismo tiempo. Todo conectado. Y todo más complicado que antes.
Hay semanas en la política provincial donde los hechos se acumulan con tal velocidad que resulta difícil ver el hilo conductor que los une. Esta es una de ellas en La Rioja. Pero si se mira con atención, ese hilo existe y es grueso: la provincia está en un momento bisagra donde la crisis fiscal, la reconfiguración política interna del peronismo y el posicionamiento nacional de su gobernador confluyen en una sola encrucijada que definirá buena parte del escenario hacia 2027. Lo que está en juego no es solo quién gobernará La Rioja el año que viene. Es también qué tipo de relación tendrá la provincia con el poder nacional, bajo qué reglas competirá el peronismo en las urnas y qué lugar ocupará Quintela en el mapa político argentino. Y esta semana, ese hilo se tensó hasta un punto que nadie había anticipado del todo.
El dinero que no alcanza y las condiciones que se piden
El punto de partida de todo es fiscal. La Rioja necesita plata y la necesita ya. El secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, lo confirmó sin rodeos: la provincia pidió a la Nación un adelanto de coparticipación de $85.000 millones — equivalente a aproximadamente una grilla salarial completa, que ronda los $90.000 millones mensuales. El pedido se enmarca en el acuerdo que el propio gobernador Quintela anunció: un crédito con tasa del 15% anual y seis meses de gracia, ofrecido por el ministro del Interior, Diego Santilli, sin condicionamientos explícitos según la versión de la Casa de las Tejas.
Herrera fue preciso en la naturaleza del instrumento: «Es plata que nos corresponde y que vamos a tener que devolver en el mismo año fiscal.» No es un regalo ni una transferencia extraordinaria. Es un adelanto sobre recursos propios de la provincia, con un costo financiero del 15% anual en un contexto donde el mercado privado cobra bastante más. El objetivo declarado es garantizar el pago de salarios y aguinaldos, en una provincia donde el 98% de las transferencias discrecionales que llegaban de Nación dejaron de enviarse y donde la caída mensual de la coparticipación en términos reales presiona sobre cada compromiso del Estado provincial.
Herrera también fue explícito en desmentir lo que nadie había preguntado todavía pero todos pensaban: el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco no están en discusión ni en la agenda de posibles ventas de activos. La sola mención de esa aclaración revela que la presión sobre los activos provinciales existe en alguna conversación, aunque no sea en la mesa formal de negociación.
Pero hay otra versión de esa negociación. Y la da Martín Menem.
Las condiciones de Menem: RIGI, boleta única y glaciares
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación fue más directo que Santilli. En ese marco, Menem reconoció que él es el nexo político entre Casa Rosada y la administración Quintela — con Ricardo Herrera como interlocutor del lado provincial — y fue explícito sobre lo que espera a cambio de la «predisposición» nacional a asistir a La Rioja: «Exigimos transparencia», dijo, y tradujo esa palabra en tres demandas concretas.
La primera es un sistema más transparente en el manejo de los recursos provinciales. La segunda es la adopción de la Boleta Única de papel como sistema electoral. La tercera — y más políticamente cargada en el contexto actual — es la adhesión al RIGI, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. Y como si eso fuera poco, Menem agregó que «para nosotros el tema glaciares no es menor», lo que en lenguaje político significa que esperaba que los legisladores nacionales del PJ riojano reconsideren su posición respecto a la reforma o al menos no la obstaculicen.
El mapa de condiciones que dibujó Menem es de una densidad política extraordinaria. No es solo plata a cambio de gestión: es plata a cambio de posicionamiento político, adhesión a un modelo de desarrollo y modificación del sistema electoral. Cada uno de esos pedidos toca una fibra sensible del peronismo riojano.
El gesto que nunca llegó: Casas Aguirre y Pedrali votaron en contra
Y entonces ocurrió lo que nadie en la negociación podía ignorar que era probable, pero que al materializarse cambia la ecuación de toda la semana.
La condición más políticamente visible que Menem había puesto sobre la mesa — un acompañamiento de los legisladores riojanos del PJ a la reforma de la Ley de Glaciares — no solo no se cumplió. Se produjo exactamente lo contrario, con argumentos públicos y sin medias tintas.
El diputado Sergio Casas votó en contra de la reforma y lo dijo con una frase que no deja margen de interpretación: «Voté en contra porque no es una mejora, es un retroceso.» También hizo lo propio Hilda Aguirre de Soria. La diputada Gabriela Pedrali hizo lo mismo y fue todavía más enfática: «El agua no se vende.» Tres legisladores nacionales del peronismo riojano, tres votos contrarios a la norma que Menem celebró como una victoria del federalismo y la inversión. Exactamente lo contrario de lo que el referente libertario había pedido como condición para destrabar la asistencia financiera a la provincia.
La decisión de ambos no sorprende a quienes siguen de cerca la política riojana. Votar a favor de una reforma que el movimiento ambiental riojano lee como una apertura a la minería en zonas de glaciares hubiera sido políticamente suicida para cualquier legislador que necesite volver a dar la cara en los departamentos del Oeste provincial. La asamblea del miércoles 8 de abril en la capital riojana — con vecinos marchando al grito de «El Fama no se toca» — y la nueva movilización convocada para el miércoles 15 son el termómetro de lo que significa ese tema en el territorio.
Pero la coherencia política tiene un costo. Y ese costo lo paga la negociación financiera.
El adelanto en zona gris
La pregunta que queda abierta con toda su crudeza es qué ocurre ahora con los $85.000 millones que La Rioja necesita. Quintela anunció que aceptaba el crédito «sin condicionamientos, a cambio de nada». Pero Menem, desde su vereda, había listado condiciones concretas, y la más políticamente visible de todas acaba de incumplirse de manera pública y documentada.
La negociación entre Herrera y Menem entra así en una zona de mayor incertidumbre. La «predisposición» de la Casa Rosada a asistir a La Rioja que el propio Menem había reconocido ahora deberá medirse contra la decisión de los legisladores riojanos de priorizar su posición ambiental por sobre la conveniencia financiera de la provincia. El tablero quedó así: La Rioja dijo que no a Menem donde Menem más lo necesitaba políticamente. Ahora falta ver si Menem le dice que no a La Rioja donde La Rioja más lo necesita económicamente.
Lo que el episodio pone en evidencia es una tensión que el análisis político riojano suele esquivar pero que esta semana se vuelve imposible de ignorar: el peronismo riojano no puede ser al mismo tiempo el que negocia con Menem los recursos que le permiten pagar sueldos y el que vota en contra de las condiciones que Menem pone sobre la mesa. O puede serlo — y eso es exactamente lo que está haciendo — pero ese doble movimiento tiene costos que tarde o temprano alguien debe asumir.
La causa archivada: un fallo que es también un argumento
En paralelo a la negociación financiera y al episodio de los glaciares, la semana trajo para Quintela una victoria judicial que tiene peso político propio. La Justicia Federal archivó definitivamente la denuncia presentada por el fiscal Carlos Stornelli contra el gobernador y la senadora Florencia López, acusados de intimidación pública, apología del delito, sedición y atentado contra el orden constitucional por declaraciones realizadas en debates políticos y mediáticos.
El fiscal federal Carlos Rívolo concluyó que las expresiones de Quintela — incluyendo aquella frase que disparó todo, sobre que el gobierno de Milei «no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027» — deben entenderse dentro de un contexto de debate político y social intenso, y que no constituyen delito alguno.
Quintela salió a leer el fallo en voz alta: «Este fallo no solo pone fin a una denuncia sin sustento, sino que también expone con claridad que es un mal uso de las instituciones democráticas intentar utilizar los tribunales para disciplinar o callar a quienes piensan distinto.» La senadora López fue aún más directa: «Le dije a Patricia Bullrich en el Senado que les iban a faltar los helicópteros, me respondió tratándome de golpista e inmediatamente el Gobierno Nacional quiso acallarnos. Pero la denuncia fue desestimada. Las mentiras del gobierno poco a poco se van cayendo.»
El archivo de la causa le devuelve a Quintela la credibilidad de quien fue denunciado por hablar, y ese capital político tiene valor en el armado nacional que el gobernador está construyendo junto a Kicillof.
Quintela y Kicillof: el armado que busca federalizar el peronismo
Mientras negocia oxígeno financiero con Menem y celebra el archivo de su causa judicial, Quintela avanza en paralelo en una construcción política de alcance nacional. Su alianza con el gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene como objetivo declarado conformar un espacio federal dentro del PJ que pueda disputar poder a nivel nacional y competir en 2027 contra La Libertad Avanza por la presidencia.
Los dos gobernadores coincidieron recientemente en Tierra del Fuego, en la vigilia por Malvinas junto al gobernador Gustavo Melella, y la imagen — tres gobernadores peronistas en el extremo sur del país, en la fecha más simbólica del calendario federal argentino — no fue casual. Quintela viene posicionando a Kicillof como el dirigente con mayor proyección dentro del peronismo a nivel nacional, aunque evita cerrar el juego a una única figura antes de tiempo.
Lo que ambos comparten es una distancia relativa respecto al kirchnerismo duro. Quintela intentó enfrentar a Cristina Kirchner en la conducción del PJ nacional antes de que ese proceso se suspendiera judicialmente. Kicillof mantiene tensiones abiertas con La Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Esa doble incomodidad con el núcleo cristinista los une en un espacio que quiere ser peronismo sin tutelas, aunque sin romper con la figura de la expresidenta.
La paradoja es evidente: Quintela negocia con Menem — el hombre de Milei en La Rioja — la asistencia financiera que le permite pagar sueldos, mientras construye con Kicillof la alternativa política que aspira a derrotar a Milei en 2027. Es la tensión entre la urgencia de la gestión y la lógica de la oposición, resuelta de la única manera posible cuando se gobierna una provincia en crisis: con pragmatismo en la caja y firmeza en el discurso. Aunque esta semana, la firmeza de sus legisladores sobre los glaciares complicó el pragmatismo de la caja.
El debate interno que nadie puede evitar
Todo ese escenario se desarrolla mientras el peronismo riojano empieza a discutir en voz alta algo que hasta ahora se manejaba en susurros: cómo va a elegir a su candidato a gobernador en 2027.
El senador nacional Fernando Rejal fue el primero en salir a plantear la pregunta con claridad: antes de hablar de nombres, hay que definir el método. Su preferencia es la interna abierta, donde todos los ciudadanos puedan participar, como ocurrió en 2015 cuando el peronismo ganó con amplitud. Su rechazo a la Ley de Lemas es explícito: «Desde que la sacamos siempre dije que había que dejarla sin efecto.»
Rejal también introdujo la variable territorial: «Es momento de que el interior tenga su lugar. El interior en estos últimos años mantuvo los triunfos del peronismo.» Y cuando le preguntaron si quiere ser candidato, no dijo que no: «A mí me gustaría serlo, pero nadie es candidato de sí mismo. Los políticos que digan que no aspiran están escondiendo algo.»
El escenario de candidaturas que se dibuja en el peronismo riojano incluye tres mujeres al frente de las chances: Teresita Madera, que ya declaró su aspiración a la gobernación. Gabriela Pedrali, diputada nacional con perfil propio — y que esta semana sumó visibilidad nacional al votar en contra de la reforma glaciar con una frase que recorrió las redes. Y Florencia López, senadora provincial que protagonizó junto a Quintela el episodio judicial más resonante del año.
Quintela, por su parte, se guarda la vice para sí y espera a fin de año para revelar el esquema, manteniéndose como árbitro del proceso.
La Libertad Avanza mira, exige y espera
En ese tablero complejo, La Libertad Avanza juega un rol doble difícil de sostener. Menem negocia con el gobierno provincial y plantea condiciones que sus propios legisladores no cumplen. Mientras tanto, el diputado provincial Diego Molina Gómez rechaza de plano la Ley de Lemas, la califica de «antidemocrática» y advierte que podrían judicializarla. Y sobre la candidatura de 2027, la definición libertaria ya tiene nombre: Martín Menem. El mismo que negocia con Herrera. El mismo que quedó a 782 votos de ganar las legislativas de octubre pasado.
Lo que todo esto significa
Si hay un hilo que une todas estas noticias es el de una provincia que paga simultáneamente el costo del ajuste nacional y el precio de una transición política que todavía no tiene forma definitiva. La Rioja necesita $85.000 millones para pagar sueldos, pero la Nación los ofrece con condiciones que cuestionan la identidad política del gobierno que los necesita. Sus legisladores votaron con coherencia ambiental pero complicaron la negociación financiera. El peronismo necesita definir cómo competirá en 2027, pero ninguno de sus actores quiere quemar el nombre propio antes de saber cuáles serán las reglas. Y Quintela necesita proyectarse como referente nacional de la oposición a Milei mientras negocia con el hombre de Milei los recursos que le permiten gobernar.
Esa es la encrucijada de La Rioja en abril de 2026. No es una crisis de gobernabilidad. Es algo más complejo y quizás más interesante: es una provincia que intenta navegar simultáneamente en aguas fiscales turbulentas, una reconfiguración política interna y un posicionamiento nacional, con los mismos dirigentes haciendo de todo a la vez, en el mismo tiempo y con los mismos recursos escasos.
El resultado de esa navegación no está escrito todavía. Pero las decisiones que se tomen en las próximas semanas — sobre el monto del adelanto, sobre las condiciones que se aceptan o se rechazan ahora que los glaciares mostraron que hay límites que el peronismo riojano no cruza, sobre el método electoral para 2027 — definirán buena parte del mapa político riojano que se presentará ante los votantes el año próximo.
La semana que pasó en La Rioja fue, en ese sentido, una semana reveladora. Mostró dónde están los límites de cada actor. Y a veces, saber dónde están los límites es lo más importante que puede mostrar una semana de política.
