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La Rioja prorroga la protección de tierras rurales en conflicto: prohíben transacciones y exigen documentación

El gobierno provincial extendió por 360 días el estatus de «Área Bajo Procesamiento» en cuatro parajes de Capital. Buscan regularizar la titularidad de los terrenos y frenar ocupaciones ilegales.


La Secretaría de Tierras de La Rioja oficializó este lunes, mediante la Resolución N° 212, la prórroga por 360 días del estatus de “Área Bajo Procesamiento” sobre los parajes rurales El Saladillo, Juan Caro, El Duraznillo y El Cantadero, ubicados en el Departamento Capital. La medida, publicada en el Boletín Oficial, congela toda actividad jurídica o física en la zona hasta que se complete un proceso de regularización dominial.

La disposición, basada en el artículo 3° de la Ley 8.761, prohíbe expresamente ventas, construcciones, transferencias o tomas de posesión sin autorización previa de la Secretaría. Además, obliga a quienes reclamen derechos sobre estos terrenos a presentar documentación que acredite su titularidad ante el organismo. “Queda prohibido todo acto que altere la situación física o jurídica de los inmuebles”, advierte el texto, en línea con la Ley 6.595 y sus reformas.

¿Por qué es importante?
La extensión del área bajo procesamiento busca frenar conflictos por la tenencia de tierras en una región históricamente marcada por la informalidad. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar un catastro preciso, resolver disputas entre particulares y evitar especulación inmobiliaria durante el proceso de revisión.

Implicancias prácticas

  • Propietarios: Deberán presentar títulos de propiedad, escrituras u otros documentos ante la Secretaría para validar sus derechos. Quienes no lo hagan podrían perder el reconocimiento legal de sus reclamos.
  • Inversores y terceros: Proyectos de desarrollo, cercados o incluso actividades agropecuarias requieren autorización expresa durante los 360 días de vigencia.

La resolución, firmada por la escribana Irene Zárate Rivadera, enfatiza que la medida es “preventiva” y busca “proteger el interés público” en un contexto de alta tensión por la posesión de tierras rurales.

Próximos pasos
Los afectados tienen hasta abril de 2026 (360 días desde la publicación) para regularizar su situación. La Secretaría de Tierras y Hábitat Social habilitó un canal de consultas para orientar a los interesados, aunque advierten que “la falta de acción no será excusa para desconocer la resolución”.



Fuente: Edicto de la Secretaría de Tierras de La Rioja (Resolución N° 212/2025).

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