La Provincia de La Rioja decidió no responder en esta instancia al recurso extraordinario que acusa al Estado de «confiscación» por una toma de posesión sin pago previo. El argumento esgrimido es que la medida cautelar original se dictó «sin sustanciación», pero la estrategia podría interpretarse como una admisión tácita en el máximo tribunal.
La polémica expropiación de un terreno en el predio del Golf Club de La Rioja, que llevó a un particular a denunciar «confiscación» ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sumó un nuevo capítulo. La Fiscalía de Estado de La Rioja, a través de su abogada Elena Beatriz Saadi, decidió no contestar en esta instancia el recurso extraordinario federal interpuesto por Martín Castro Videla.
La estrategia de la representación legal de la provincia se basa en un tecnicismo procesal. Según lo expresado en su presentación, el Tribunal Superior de Justicia provincial habría calificado la decisión sobre la medida cautelar original como un «auténtico auto dictado sin sustanciación». Esto se debe, argumentan, a que el procedimiento se decretó y cumplió «sin audiencia de la otra parte», tal como lo ordena el Artículo 86 del código de rito para medidas precautorias. Bajo esta interpretación, la Fiscalía de Estado considera que «no corresponde en esta instancia contestar el traslado del Recurso Extraordinario».
En su escrito ante la Corte Suprema, la Fiscalía de Estado se limitó a solicitar que se tenga por acreditada su personería, se tome nota de la no intervención de su mandante ante el tribunal de mérito, se den por devueltas las copias del recurso y se les exima de costas.
Esta decisión de no responder directamente a los argumentos de la querella podría ser clave en el devenir de la causa. Los abogados de Castro Videla, Ezequiel Cassagne y Carlos J. Laplacette, quienes representan al particular, acusaron a la provincia de haber tomado posesión del inmueble (valuado en más de $142 millones) hace casi cuatro años sin realizar el pago previo que exige el artículo 17 de la Constitución Nacional. Además, denunciaron un «exceso de rigor formal» y «fundamentos falsos» en los fallos de la Justicia provincial que rechazaron los pedidos del afectado.
La querella sostiene que hubo una «toma de posesión por la fuerza» y que el inmueble, aunque no es parte del Golf Club, está dentro de su predio. También se manifestó que la Provincia habría permitido a otros particulares seguir utilizando las instalaciones sin justificación alguna.
La Corte Suprema deberá ahora analizar el recurso extraordinario, donde se plantea la «gravedad institucional» del caso y la supuesta «complicidad» de las autoridades judiciales provinciales al convalidar lo que se considera una «confiscación». La postura de la Fiscalía de Estado, al abstenerse de contestar en este punto crucial, dejará al máximo tribunal con solo los argumentos del particular para evaluar si se violaron garantías constitucionales fundamentales.
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