Diputados nacionales de Unión por la Patria cargaron contra las últimas medidas de reestructuración de organismos, que incluyeron el cierre de Vialidad Nacional y recortes en institutos clave. Advierten sobre una «crueldad planificada» y la responsabilidad de quienes votaron la ley.
A horas de que vencieran las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, la oposición salió con dureza a cuestionar una serie de decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei que, según denuncian, apuntan a desmantelar organismos estatales clave. La diputada nacional Gabriela Pedrali y el exgobernador y actual diputado Sergio Casas, ambos de Unión por la Patria, alzaron sus voces para repudiar las medidas.
«Hoy vence la delegación de facultades al Ejecutivo. Y como era previsible, aprovecharon hasta las últimas horas de ese poder para arrasar con todo: cierran Vialidad Nacional, eliminan el Instituto Nacional del Cáncer, el de Enfermedades Cardiovasculares, el INTA», sentenció Pedrali en su cuenta de X (ex Twitter) en la noche del 7 de julio de 2025.
La legisladora riojana no dudó en calificar la situación como «crueldad planificada» y fue más allá al señalar que la responsabilidad no recae únicamente en el Presidente y sus ministros, sino también en «los diputados que votaron esta ley sabiendo exactamente a qué habilitaban». Pedrali concluyó con una advertencia: «Van a tener que rendir cuentas. Ante el Pueblo y ante la historia».
Por su parte, Sergio Casas, también desde su cuenta de X y con un tono igualmente crítico, denunció que «el gobierno de Milei desmantela el Estado por decreto». El exmandatario riojano detalló la reestructuración de siete organismos clave: INTI, INTA, INASE, INV, INPI, ARICCAME e INAFCI.
Casas enfatizó que estas acciones, tomadas «a un día de perder las facultades extraordinarias, a las cuales no adherimos ni acompañamos», representan un ataque directo a «la ciencia, la producción, la tecnología y la agricultura familiar». El diputado criticó duramente el método, calificándolo de «sin debate, sin Congreso, sin democracia», y sentenció: «Esto no es eficiencia. Es ajuste, entrega y autoritarismo».
Las declaraciones de Pedrali y Casas reflejan el creciente malestar en un sector de la política ante lo que perciben como un uso abusivo de las facultades delegadas, que culmina con una serie de drásticas reestructuraciones justo antes de su caducidad, generando un fuerte debate sobre el futuro de la estructura del Estado.
