Con salarios de hasta $600.000 para los más afortunados, y de $200.000 o menos para los precarizados, la única salida laboral es el Estado. La esperanza de pasar a planta se mantiene viva con aumentos miserables. La provincia que construyó Menem se ahoga en una estructura que no genera riqueza y vive de la coparticipación.
La Rioja no es solo una provincia, es una metáfora del fracaso del desarrollo. Tras décadas de apadrinamiento político desde la Casa Rosada, la provincia se ha convertido en una gigantesca bolsa de empleo público, donde la única aspiración de miles de jóvenes es conseguir un lugar en la planta estatal. Es la «última playa» laboral de una economía que dejó de generar oportunidades y se resignó a ser un apéndice del Estado nacional.
La realidad es cruda. Mientras que en otras provincias la gente discute de salarios y crecimiento, en La Rioja la conversación gira en torno a la «promoción» laboral que, en el mejor de los casos, es conseguir un puesto de planta que no supere los $600.000. Pero la mayoría de la población, sobre todo en el interior, vive una situación mucho más precaria: contratos «en negro» que rondan los $200.000, y en algunos casos, salarios de apenas $100.000.
Esta estructura de empleo público no es casualidad, es la culminación de un modelo político que se ha consolidado en las últimas décadas. La filosofía es simple y perversa: el Estado debe dar una «migaja» a todos. El último aumento salarial lo evidencia: un 4,5% al básico, que se desvanece con la triste realidad, y un bono de $80.000, una ayuda temporal que no soluciona el problema de fondo. Esta estrategia, lejos de ser un acto de generosidad, es una forma de mantener la paz social y, sobre todo, la gobernabilidad. Es la forma en que el poder político compra la lealtad y evita cualquier tipo de reclamo.
El problema es que esta gigantesca estructura estatal, además de ser insostenible financieramente, no genera riqueza. No hay un motor productivo que la impulse. La agricultura, el turismo, la incipiente minería, si bien tienen potencial, no se han desarrollado a la escala necesaria para ser una alternativa real. La provincia sigue viviendo, respirando y sobreviviendo gracias a la coparticipación federal, ese gran salvavidas que la mantiene a flote, pero que al mismo tiempo le quita toda posibilidad de crecer por sus propios medios.
La Rioja es el espejo de una Argentina que no mira al futuro. Es la provincia que se resignó a ser un gran «plan social» administrado por el Estado, donde el progreso no es un trabajo digno y bien remunerado, sino la esperanza de conseguir una migaja más del presupuesto público. Una trampa de la que, por ahora, nadie parece tener la voluntad política de salir.
