El reciente fallo judicial que condena al Gobierno de La Rioja a pagar una multimillonaria indemnización al Golf Club La Rioja puso de manifiesto la complejidad de las disputas legales entre el Estado y los particulares, especialmente en temas de propiedad. Más allá de las cifras astronómicas, el caso es un claro ejemplo de una expropiación indirecta y de las garantías constitucionales que la amparan.
¿Qué es una expropiación «de facto» o inversa?
La expropiación es el mecanismo legal por el cual el Estado, por motivos de utilidad pública, puede quitarle un bien a un particular a cambio de una justa y previa compensación. Sin embargo, en el caso del Golf Club, la situación fue inversa. La Justicia determinó que el Gobierno provincial se apropió de los terrenos sin seguir el procedimiento establecido, es decir, sin dictar un decreto formal y, lo más importante, sin pagar la indemnización antes de tomar posesión del predio.
Esta acción, conocida como expropiación indirecta o expropiación «de facto», obligó al club a iniciar una demanda judicial para forzar al Estado a cumplir con su obligación constitucional de compensar al propietario. El fallo destaca que la conducta del Estado fue arbitraria, ya que vulneró un principio fundamental de la propiedad privada: el pago previo al desapoderamiento. La decisión judicial no se limita a otorgar una suma de dinero, sino que además es un pronunciamiento sobre la ilegalidad del accionar estatal.
La batalla judicial continúa: entre la forma y el fondo
La respuesta del Estado provincial no se hizo esperar. La Fiscalía de Estado, argumentando un «excesivo rigor formal», interpuso un recurso de casación. Este tipo de apelación no busca una reevaluación de las pruebas, sino que se centra en si la sentencia del tribunal inferior aplicó correctamente las leyes. El Estado buscará demostrar que el fallo tiene errores de derecho que justifican su revocación.
Paralelamente, la defensa del Estado presentó un recurso de reposición para subsanar un error procesal: la presentación fuera de término del recurso de casación. La abogada de la Fiscalía argumentó que un problema de salud le impidió cumplir con el plazo de tres días, sosteniendo que denegarle la posibilidad de apelar por esta razón sería una violación al derecho a la defensa en juicio.
La resolución de estos recursos será clave. Si el Tribunal Superior de Justicia acepta la casación, el caso podría extenderse por años. Si la rechaza, la multimillonaria condena contra la provincia quedaría firme, obligando al Estado a afrontar el pago en un momento de estrechez económica. Este caso no solo trata de la expropiación de un club, sino que se convierte en un precedente sobre los límites del poder estatal y las garantías de la propiedad privada en Argentina.
