Un informe de la Fundación Libertad reveló el costo por banca en todas las provincias. Mientras el promedio país es de $1.217 millones y distritos vecinos como Tucumán y Chaco gastan cifras siderales por encima de los $2.700 millones, el presupuesto legislativo riojano se ubica en una franja «moderada» dentro del escándalo del Norte Grande.
En medio del debate sobre la austeridad y el «costo de la casta», un relevamiento de la Fundación Libertad puso cifras concretas sobre la mesa y despejó las incógnitas sobre el gasto de la política local. Según el informe, que analiza los presupuestos provinciales de 2025, el costo anual por legislador en La Rioja asciende a $ 574.111.276.
El dato, aunque millonario para el bolsillo del ciudadano de a pie, ofrece un respiro político al oficialismo local cuando se lo compara con el contexto regional. La cifra riojana representa menos de la mitad del promedio nacional, que se ubicó en los $ 1.217 millones por banca.
La Rioja, «isla» de austeridad en un Norte gastador
Lo que más sorprende del estudio es la abismal diferencia entre La Rioja y sus socios estratégicos del Norte Grande. Mientras la Legislatura riojana destina $574 millones por diputado, sus vecinos lideran el ranking de las cámaras más costosas del país:
- Tucumán y Chaco registran costos que superan los $ 2.735 millones anuales por legislador.
- Esto significa que un diputado tucumano o chaqueño le cuesta al Estado casi cinco veces más que un legislador riojano.
Esta disparidad coloca a la provincia en una posición favorable dentro de la discusión pública regional, alejándola del «club de los gastos privilegiados» que integran otros distritos peronistas del norte y la propia Ciudad de Buenos Aires (CABA).
El debate que persiste
Sin embargo, el monto no está exento de polémicas. Sectores de la oposición libertaria señalan que, si bien el costo es comparativamente bajo, $ 574 millones al año sigue siendo una estructura pesada para una provincia que depende casi exclusivamente de la coparticipación y que atraviesa una crisis severa en el empleo privado.
El informe de la Fundación Libertad funciona ahora como una vara de doble filo: por un lado, desactiva las críticas sobre un despilfarro al nivel de Tucumán; por el otro, expone con precisión milimétrica cuánto le sale a los contribuyentes sostener el funcionamiento de la «Casa de las Leyes».
