El ex senador nacional lanzó una feroz crítica contra la precarización laboral en la provincia. Denunció miles de contratados «en negro», salarios de hambre y bautizó la gestión como «Quintelandia». Además, pidió abrir el debate por la sindicalización policial.
LA RIOJA – La paz política en la provincia se quebró este miércoles tras las explosivas declaraciones de Julio Martínez. El ex senador nacional y referente de la oposición no se guardó nada y salió al cruce del ultimátum lanzado por el PJ riojano, que amenazó con la expulsión a quienes apoyen la reforma laboral nacional. Con un discurso cargado de ironía y datos crudos, Martínez devolvió el golpe apuntando directamente al despacho del gobernador Ricardo Quintela.»Crotolandia-Quintelandia»: La denuncia por los sueldos «en negro»
Martínez reaccionó con dureza a los cuestionamientos de la senadora Florencia López y puso el foco en lo que llamó una «hipocresía oficialista». Según el dirigente radical, el Gobierno provincial no tiene autoridad moral para hablar de derechos laborales mientras sostiene un sistema de empleo público basado en la informalidad.
«Con ese criterio se debería ir Quintela», disparó el ex legislador, detallando una realidad que golpea a miles de riojanos:
- El ejército de los «Chalecos Rojos»: Martínez denunció la existencia de 3.000 «Procalas» y 5.000 «Chalecos Rojos» que trabajan sin aportes, sin obra social, sin ART y sin antigüedad.
- Salarios de miseria: Aseguró que estos agentes perciben «sueldos de hambre», equivalentes a la mitad de un salario mínimo vital y móvil.
- Jubilaciones de indigencia: Afirmó que, al tener la mitad del sueldo «en negro», el 95% de los empleados públicos riojanos termina cobrando la mínima al retirarse.
«Son condiciones mucho peores a cualquier reforma laboral que se quiera discutir», sentenció el ex ministro de Defensa, utilizando el término «Quintelandia» para describir el modelo de gestión actual.
Sindicalización policial: un debate urgente
Más allá de la batalla salarial, Martínez reintrodujo un tema que genera escozor en el poder político: la agremiación de las fuerzas de seguridad. Para el ex senador, prohibir los canales de representación no garantiza la disciplina, sino que la debilita, citando los conflictos recientes que pusieron en jaque la seguridad en otras provincias.
El dirigente propuso un marco de derechos constitucionales para los policías, pero con límites de «hierro»:
- Sin huelgas: El servicio esencial no puede verse afectado bajo ninguna circunstancia.
- Verticalidad: Respeto irrestricto a la cadena de mando.
- Apoliticidad: Neutralidad total para evitar la manipulación partidaria de la fuerza.
Para Martínez, los efectivos de seguridad son trabajadores del Estado y el reconocimiento de sus derechos asociativos es una deuda de la democracia que evitaría que las tensiones escalen ante la falta de interlocutores válidos.
