Tras sus polémicas declaraciones sobre la crisis de 2001 y la continuidad del Gobierno nacional, un ciudadano riojano pidió a la Justicia Federal que investigue al mandatario provincial por apología del delito y la «validación de sacrificios» humanos.
En un clima de creciente tensión política, la Justicia Federal recibió una denuncia penal contra el gobernador de La Rioja, Ricardo Clemente Quintela, por sus recientes manifestaciones públicas que aludieron a la interrupción del mandato presidencial y reivindicaron los hechos trágicos de diciembre de 2001. La presentación, realizada por el ciudadano Javier Horacio Ruiz, solicita que se investigue si el mandatario provincial incurrió en delitos de instigación pública, apología del delito y posibles crímenes de lesa humanidad.
La denuncia se fundamenta en frases textuales del gobernador, quien aseguró que el actual Gobierno «no puede llegar hasta el 10 de diciembre de 2027» y recordó las muertes de 2001 bajo una óptica inquietante.
«Tuvimos 36 compañeros muertos… es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena».
Los ejes de la denuncia
El escrito presentado ante el Juez Federal detalla tres puntos centrales que complicarían la situación jurídica del mandatario riojano:
- Instigación a la alteración del orden: Según el denunciante, las palabras de Quintela podrían interpretarse como una exhortación implícita a anticipar el final del mandato presidencial por vías no constitucionales.
- Apología del delito: Se cuestiona la valoración pública de episodios históricos con resultados de muerte, presentándolos como «sacrificios» necesarios para la transformación política.
- Crímenes de Lesa Humanidad: El punto más severo de la denuncia pide investigar si el Justicialismo, en tanto estructura con apoyo estatal en 2001, asumió como legítima la exposición de civiles a un riesgo de muerte previsible.
«Sus manifestaciones permiten inferir la posible participación en una estructura que habría asumido como legítima la exposición de personas a un contexto cierto de riesgo de muerte».
El pedido de citación urgente
Debido a la «gravedad institucional» de las afirmaciones, Ruiz solicitó como medida cautelar la citación urgente de Quintela para que brinde explicaciones precisas sobre su rol en los eventos de 2001. El petitorio exige que el gobernador identifique a los responsables de impartir las órdenes que derivaron en las 36 muertes mencionadas y qué decisiones concretas se adoptaron en el seno de su movimiento político en aquel entonces.
La competencia federal se fundamenta en que las declaraciones aluden directamente al orden institucional de la Nación y a tipos penales que, como los delitos de lesa humanidad, resultan imprescriptibles y de órbita federal.
La denuncia
