El ex funcionario de los gobiernos de Luis Beder Herrera y Sergio Casas, y actual síndico del Banco Rioja designado por la gestión Quintela, afirmó públicamente que cuando el gobernador Casas lo despidió el 5 de junio de 2018 dejó 72 millones de dólares del bono verde en una cuenta especial y más de 1.500 millones de pesos en las cuentas del Tesoro provincial. Ocho años después, La Rioja está en default, pide anticipos de coparticipación y litiga en tribunales de Nueva York. El dinero nunca apareció en ningún balance público.
En medio del debate por la crisis fiscal de La Rioja, una declaración pública del ex ministro de Hacienda y ex senador nacional Ricardo Guerra abre un interrogante de enorme gravedad institucional que hasta ahora nadie en el gobierno provincial se ocupó de responder: cuando el gobernador Sergio Casas lo despidió el 5 de junio de 2018, Guerra afirma haber dejado 72 millones de dólares depositados en una cuenta especial provenientes del llamado «bono verde» y más de 1.500 millones de pesos en las cuentas del Tesoro General de la provincia, con destino específico a obras de infraestructura. ¿Dónde está ese dinero hoy?
La pregunta adquiere una dimensión política adicional cuando se conoce la trayectoria completa del declarante. Guerra fue ministro de Hacienda durante las gestiones de los ex gobernadores Luis Beder Herrera y Sergio Casas, dos de los períodos en que se estructuró la arquitectura financiera que derivó en el bono verde y en la construcción del Parque Eólico Arauco. Fue precisamente Casas quien lo removió del cargo en junio de 2018, en una salida que Guerra recuerda con precisión milimétrica porque, según sostiene, se realizó con actas firmadas que documentan el estado exacto de las cuentas al momento de su alejamiento. Y actualmente ocupa el cargo de síndico del Banco Rioja, institución que depende de la gestión del gobernador Ricardo Quintela y que está en el centro de los litigios con bonistas en default en tribunales de los Estados Unidos. Es decir: Guerra conoce desde adentro tanto el origen de los fondos como la institución que hoy está en la mira de los acreedores.
La Rioja está en default sobre sus bonos en dólares, litiga con bonistas en tribunales de Nueva York, tiene la obra pública paralizada, acumula deudas con proveedores del Estado y este lunes recibió la habilitación del gobierno nacional para acceder a un anticipo de coparticipación de hasta $400.000 millones —publicado en el Boletín Oficial mediante el Decreto 219/2026— porque, según reconoció el propio secretario general de la Gobernación Ricardo Herrera, no puede hacer frente a sus compromisos más urgentes.
El bono verde: un hito que terminó en escándalo
La historia comienza con un logro que en su momento fue presentado como un orgullo riojano. La provincia emitió un bono verde por 300 millones de dólares —el primero de esa naturaleza en la historia argentina para financiar la construcción de un parque eólico— con el objetivo de desarrollar infraestructura de energía renovable en La Rioja. El bono fue celebrado como una señal de sofisticación financiera y acceso a los mercados internacionales de capitales que pocas provincias del interior habían logrado.
«En su momento era un orgullo para la provincia. Primera vez que se obtenía un bono de estas características en el país», recordó Guerra en sus declaraciones, subrayando que La Rioja había ganado las licitaciones correspondientes ante empresas de gran relevancia nacional y que obtener financiamiento externo era la opción más conveniente en el contexto global y nacional de ese momento.
El despido de junio de 2018 y lo que dejó atrás
El 5 de junio de 2018, el gobernador Sergio Casas prescindió de los servicios de Guerra como ministro de Hacienda. Fue una salida abrupta, en plena ejecución del plan financiero vinculado al bono verde, y que el propio ex ministro recuerda con detalle porque se encargó de documentar minuciosamente el estado de las cuentas provinciales al momento de su alejamiento.
Lo que dejó, según sus propias declaraciones, no era poco: 72 millones de dólares en una cuenta especial constituida específicamente para administrar los remanentes del bono verde, y más de 1.500 millones de pesos en las cuentas del Tesoro General de la provincia. «Tengo muy bien guardado los fondos que han quedado, tanto en pesos en el Tesoro General de la provincia, como en una cuenta especial los dólares que quedaban del bono verde», afirmó Guerra, con una precisión que sugiere documentación respaldatoria firmada entre él y quien lo sucedió en el cargo.
Esos fondos, según explicó, tenían un destino específico previamente acordado: financiar obras de infraestructura que la provincia podía ejecutar con recursos propios, entre ellas la línea eléctrica hacia los llanos, la continuación de la línea hacia Chilecito y el Mercado Concentrador, proyectos que estaban en agenda pero que el gobierno nacional de entonces —de signo opositor— no financiaba.
La pregunta que nadie responde
Si Guerra entregó 72 millones de dólares y más de 1.500 millones de pesos al abandonar el cargo en junio de 2018, la pregunta es inevitable: ¿en qué se usó ese dinero durante los más de ocho años transcurridos desde entonces y por qué no alcanzó? ¿Se destinó a las obras previstas? ¿Se desvió hacia gasto corriente? ¿Se consumió en el pago de deuda? ¿Existe alguna rendición de cuentas pública que permita rastrear su destino a través de las distintas gestiones que administraron esos fondos —primero el propio Casas y luego Quintela?
Ningún funcionario del gobierno provincial ha respondido estas preguntas en ningún foro público. No hay informes del Ministerio de Hacienda que detallen el uso de esos fondos. No hay actas de obra que acrediten la construcción de los proyectos mencionados por Guerra. Y las obras citadas —la línea eléctrica hacia los llanos, la extensión hacia Chilecito, el Mercado Concentrador— no figuran entre los grandes hitos de infraestructura que las gestiones posteriores a 2018 exhiben como logros.
El hecho de que Guerra sea hoy síndico del Banco Rioja —cargo de fiscalización interna en una institución que el propio gobierno Quintela controla— añade una capa de complejidad política al cuadro: el hombre que dice saber exactamente cuánto dinero dejó y dónde estaba depositado el 5 de junio de 2018 forma parte, simultáneamente, del entramado institucional del gobierno que debería dar las explicaciones que él reclama implícitamente con sus declaraciones. Una posición que le permite hablar con conocimiento de causa pero que también lo coloca en una zona de incomodidad política difícil de ignorar.
Un default que se debería haber evitado
El propio Guerra es contundente al evaluar el desenlace. «Haber llegado a una instancia de entrar en default es una situación delicada. Que nuestra provincia esté en juicio en estrados de Nueva York es algo que se debería haber evitado», afirmó, aunque reconoció no estar en condiciones de explicar las razones que llevaron a ese desenlace, dado que ya no era parte del gobierno desde su despido en 2018.
La advertencia sobre la construcción del parque —»se debería haber tomado a mi modo de ver otras decisiones», dijo en referencia a las demoras— sugiere que los problemas comenzaron antes del default formal, en la etapa de ejecución de las obras financiadas con el bono verde, cuando la construcción se retrasó y los fondos empezaron a gestionarse de manera que él ya no controlaba, precisamente porque Casas lo había alejado del cargo.
Un rompecabezas fiscal con piezas que no encajan
Sumadas, las revelaciones de Guerra configuran un rompecabezas fiscal de proporciones alarmantes. La cronología es la siguiente: la provincia emitió un bono verde por 300 millones de dólares; Guerra administró esos fondos y al ser despedido el 5 de junio de 2018 dejó 72 millones de dólares en cuenta especial y más de 1.500 millones de pesos en el Tesoro; años después, la gestión Quintela vendió el Parque Eólico Arauco II a Pampa Energía por 171 millones de dólares adicionales en diciembre de 2022; y sin embargo, La Rioja terminó en default, con litigios en Nueva York, con proveedores impagos, con obra pública paralizada y pidiendo anticipos de coparticipación para pagar sueldos.
La suma de recursos extraordinarios que pasaron por las manos del Estado riojano en ese período —entre el bono verde, los saldos dejados por Guerra y la venta del parque eólico— supera ampliamente los 500 millones de dólares. Que una provincia haya recibido esa cantidad de recursos y termine igualmente en default y en crisis fiscal aguda no es un resultado que se explique solo por la caída de la coparticipación o por el ajuste del gobierno nacional. Hay decisiones de gasto, de administración de fondos y de política fiscal tomadas a lo largo de varios años y varias gestiones que todavía no tienen explicación pública.
La transparencia que se debe
Este lunes, el secretario general de la Gobernación Ricardo Herrera defendió públicamente la transparencia de la gestión Quintela, mencionando la Ley de Acceso a la Información Pública sancionada en este gobierno como evidencia de apertura institucional. Si esa ley tiene contenido real, debería ser el instrumento que permita responder, con documentos y no con declaraciones, las preguntas que Ricardo Guerra —ex ministro de Hacienda de Beder Herrera y Casas, ex senador nacional y actual síndico del Banco Rioja— acaba de instalar en el debate público riojano:
¿Qué pasó con los 72 millones de dólares que dejó en una cuenta especial el 5 de junio de 2018? ¿Qué pasó con los más de 1.500 millones de pesos del Tesoro? ¿Qué pasó con los 171 millones de la venta del Arauco II? ¿En qué obras o compromisos se aplicaron esos fondos a lo largo de las gestiones de Casas y Quintela, y por qué la provincia igualmente terminó en default?
Son preguntas que 450.000 riojanos tienen derecho a que se respondan. No en declaraciones radiales sino en documentos públicos, auditados y accesibles. Eso, y no otra cosa, es lo que una Ley de Acceso a la Información Pública debería garantizar. Y el hombre que hoy hace las preguntas más incómodas sobre el destino del dinero es, paradójicamente, el mismo que ocupa un cargo de control en el banco que el gobierno cuestionado administra. Una contradicción que La Rioja, en medio de su crisis, todavía no sabe cómo resolver.
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