Mientras la presión sobre Alberto Fernández para que avale la suspensión de las PASO se densifica, los gobernadores del Norte Grande avanzan en conversaciones y tratativas para incrementar su gravitación en las decisiones políticas del oficialismo nacional, con el objetivo de postular un candidato propio a la Presidencia el año que viene.
Es un propósito lógico en el derrotero de consolidación del bloque regional conformado desde su origen para balancear las asimetrías que la región metropolitana capitaliza afirmada en su volumen demográfico y, consecuentemente, electoral.
Los mandatarios norteños han conseguido sostener la sintonía desde que activaron la Liga, pese a que Fernández, ahora desesperadamente aferrado a las hilachas de la posibilidad de ser reelecto, desistió del liderazgo que le proponían.
La intención inmediata de los gobernadores era funcionar como sustento político para que el Presidente equilibrara el poder de Cristina, la Vice formal que lo había consagrado, quien tiene el epicentro de su base electoral en Provincia de Buenos Aires.
Fernández desertó y quedó atrapado en la tóxica dinámica de la metrópoli, que alcanza el apogeo de su exacerbación en la crisis económica.
Los intendentes del Conurbano están enfrentados con La Cámpora, brazo cristinista que a su vez confronta con las organizaciones sociales en las que Fernández cifra expectativas y buscan expandirse electoralmente en el próximo turno. La arremetida en La Matanza de Emilio Pérsico, jefe del Movimiento Evita, es el emergente más claro de esta estrategia.
La fragmentación del calendario electoral es, en este sentido, reacción refleja preventiva de la fragmentación en AMBA. La prioridad de cada cacique es preservar el liderazgo en su toldería de las turbulencias provocadas por las reyertas entre los líderes de la metrópoli, que han contaminado a todo el país y llevado a todo el peronismo en una de las circunstancias más aciagas de su historial desde la restauración democrática.
Sin embargo, el trasfondo de esta tendencia a desdoblar elecciones provinciales de las nacionales es el vínculo que los gobernadores forjaron en los dos años que llevan de acción conjunta orientada a la distribución más pareja de los recursos que administra la Casa Rosada.
En esta misma columna se consignó ayer la tarifa energética diferencial que obtuvieron para los meses del verano, con el subsidio para los consumos de hasta 650 kilowats/hora, 250 por encima del resto del país.
También, la rápida y sólida defensa de las prerrogativas de las provincias sobre sus recursos minerales, ante una nueva intentona nacional de apropiarse del control del litio. La secretaria de Minería de la Nación Fernanda Ávila, oriunda de Catamarca, dividió las aguas dentro del gabinete frente a las intenciones de la Cancillería en este sentido y aclaró que cualquier disposición en torno al litio tiene un ámbito de discusión natural que es la Mesa armada con los distritos litíferos y el Estado nacional. Ayer se sumó a esta línea la secretaria de Energía, Flavia Royón, ex titular de la cartera minera de Salta.
Son dos casos que se eslabonan en una gestión que incluye los viajes al exterior de los gobernadores en los que las posibilidades regionales para la inversión son expuestas en conjunto, independientemente de las proyecciones particulares de cada uno.
La consistencia lograda contrasta con el aquelarre bonaerense y, a criterio de los mandatarios, otorga la legitimidad para reclamar mayor participación en las decisiones del Frente de Todos y colocar un integrante en la fórmula el año próximo, el Presidente en el mejor de los casos, fracasado ya el experimento metropolitano “paladar negro” que Cristina pergeñó en 2019, según el diario catamarqueño El Ancasti.
Esta maniobra colectiva condiciona las decisiones que cada uno de los gobernadores, el catamarqueño Raúl Jalil incluido, toma a nivel local. Es un proyecto grande que, si sale, podría volver a colocar a alguien del interior al frente de la Casa Rosada.
La página de Eduardo German 